El laberinto que todavía persigue a las elecciones

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Unas entidades la tienen más complicada que otras. El Consejo Nacional Electoral (CNE) se acogió a las medidas de prevención ante la expansión del COVID-19 en el país y suspendió sus actividades por una semana. La medida, aunque necesaria, no pudo llegar en peor momento porque al organismo electoral le siguen quedando tareas inconclusas en el camino para las elecciones generales de febrero de 2021.


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Si bien ya se pudo aprobar, luego de cuatro intentos, el calendario electoral que regirá a los comicios, van apareciendo otras tareas que pueden experimentar retrasos y, a la larga, un descuadre del cronograma, aunque desde el CNE aseguran que muchos funcionarios se acogieron al teletrabajo y las actividades no se detienen.

A continuación, EXPRESO muestra una lista de los pendientes urgentes que el CNE tiene en carpeta y que buscará resolver en los próximos días, luego de superada la emergencia sanitaria, sin más dilatorias.

Presupuesto incierto

El siguiente paso, luego de aprobar el calendario, es dar luz verde al presupuesto que necesitará el CNE para llevar adelante las elecciones de 2021. Ese es uno de los temas pendientes, pese a que la presidenta Diana Atamaint y el consejero José Cabrera insisten en la necesidad de que el Ministerio de Finanzas entregue los recursos lo antes posible. Sin embargo, sin una propuesta aprobada, esa cartera de Estado no cuenta aún con el documento sobre el cual hacer un análisis y la contrapropuesta.

La semana pasada, Atamaint aseguró que la demora se generó porque todavía se estaban analizando las necesidades económicas que tendrán las delegaciones electorales en las provincias, además de nuevos posibles ajustes que se podrían aplicar. Eso se viene trabajando con los técnicos de la cartera de Finanzas y la idea era presentar el proyecto de presupuesto al pleno esta semana.


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Sistema informático

Atado a la aprobación del presupuesto electoral está llevar adelante la reingeniería del sistema informático. Sin el desembolso aprobado por Finanzas, cualquier cambio se convierte en irrealizable.

Este proyecto también está en entredicho. Sus defensores, con Atamaint a la cabeza, lo califican como indispensable para tener unas elecciones transparentes, algo en lo que el CNE está en deuda desde hace más de una década.

Los detractores consideran que si bien siempre es necesario hacer una revisión y actualización de los sistemas informáticos, esto no debería implicar la compra de nuevos equipos y plataformas, a menos de un año de los comicios. Por lo pronto, lo que ha habido es la firma de convenios con organismos internacionales y la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE) para este fin.

Reglamentos


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Sin una normativa que las regule, las reformas que aprobó en diciembre la Asamblea Nacional al Código de la Democracia se hacen prácticamente inviables. Las autoridades del CNE presionaban para que los cambios se aprueben cuanto antes, justamente para empezar a trabajar en la reglamentación.

El consejero José Cabrera le dijo a EXPRESO que por el volumen y complejidad que representaría la elaboración de esta normativa electoral complementaria acudirían a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central para obtener asistencia técnica y jurídica. Ese convenio entre el organismo electoral y la universidad estaba previsto que se firme a mediados de febrero pero todavía no se ha concretado.

La presidenta Atamaint aseguró en días pasados que hay dos reglamentos que se deben armar con urgencia: uno sobre el padrón pasivo, que permitirá definir quiénes podrán votar y cuánta gente será excluida del padrón ordinario. El otro es normar el mecanismo de elecciones primarias, especialmente en lo referente a los plazos que se determinaron en las reformas que hizo la Asamblea Nacional.

Las nuevas urgencias


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Con la aprobación del calendario electoral aparecieron nuevas obligaciones. La más cercana es la instalación de los Consejos Consultivos con las organizaciones políticas que de acuerdo al calendario aprobado, la semana pasada, deberían empezar a ejecutarse desde el 26 de marzo, aunque con la suspensión de actividades podría demorar unos días o semanas.

Este es un espacio esperado por los movimientos y partidos políticos que esperan hacer conocer al CNE sus inquietudes con respecto a la división y disputas internas que afronta el organismo y que lo que menos les generan es confianza. También servirá para conocer de parte de los actores políticos sus propuestas para las elecciones de febrero de 2021, aunque no tienen un carácter vinculante.

Aunque más lejos en el tiempo, otro aspecto en el que debe empezar a trabajar el CNE es en lo que será la elaboración, recolección de propuestas, definición de proceso y todas las actividades relacionadas al Plan General de Auditorías de las organizaciones políticas al sistema electoral que debería arrancar el 1 de mayo próximo, con un sistema informático todavía en veremos.  

Las cifras todavía generan reclamos


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Aunque el presupuesto que solicitará el Consejo Nacional Electoral (CNE) al Ministerio de Economía y Finanzas para las elecciones generales de 2021 se lo quiere mantener en reserva hasta que sea aprobado por el pleno del organismo, algunas cifras se han empezado a filtrar: 145 millones de dólares sería lo que pediría para sacar adelante los comicios.

El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, que considera que hay algunos rubros exagerados. Aseguró que para la reingeniería del sistema se estarían destinando $ 20 millones. En un principio se había mencionado una cifra menor.

Atamaint también ha dado pistas y justifica el retraso en la aprobación del presupuesto porque “todavía sigue siendo analizado para que se ajuste a la realidad del país”. Incluso informó que lo que pidió la Policía para garantizar la seguridad de los comicios se redujo en algo más de un millón de dólares.

Pita dijo que este rubro se ubicaría en algo más de siete millones de dólares para las votaciones de 2021, cifra que supera con creces a lo que se destinó en las elecciones seccionales del año pasado, cuando se presupuestó la asistencia policial en $ 1,8 millones