Audiencia contra dirigentes del transporte por paralización de un servicio público se difiere

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Un pedido de Fiscalía hace que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de paralización de servicio público contra Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Taxis del Ecuador, y Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip), definida para la mañana de este lunes 16 de marzo, quede diferida.

El pedido del fiscal de Administración Pública, Carlos Alarcón, quien está a cargo del caso fue hecha el 9 de marzo pasado y recién el juez de la causa hizo pública el dar paso al pedido el 12 de marzo último, por haber justificado en legal y debida forma.

Alarcón, el 14 de febrero, declaró concluida la etapa de instrucción fiscal del caso que investiga hechos ocurridos durante las manifestaciones de octubre de 2019 en Quito.

A menos de diez días de que terminen los 90 días de instrucción fiscal, el fiscal del caso solicitó la vinculación de Gómez debido a que de la investigación se desprenderían datos que hacían sospechar de la participación del dirigente en el delito que habría ocurrido a inicios de octubre pasado, cuando se realizó una paralización de transporte a nivel nacional como medida ante las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno.

El 4 de octubre pasado arrancó la instrucción fiscal en este caso y al único procesado hasta ese momento al que se le formuló cargos fue Calderón. Inicialmente sobre él recayó una orden de prisión preventiva, pero luego de una audiencia de apelación, realizada el 23 de octubre último, al sindicalista se le cambio esa medida cautelar por la presentación periódica un día a la semana y la prohibición de salida del país por haber justificado en legal y debida forma.

La nueva fecha para la diligencia será el 21 de abril próximo, a las 09:00. En la audiencia de evaluación y preparatoria de Juicio en la que el fiscal sustentará y presentará su dictamen. En la providencia se recalcó que la causa se sigue por un delito de paralización de un servicio público y es de carácter reservado, “siendo únicamente los sujetos procesales quienes deben participar en la audiencia”.