El jueves próximo se realizará la audiencia de juicio del caso Singue

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El jueves 12 de marzo próximo se realizará en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de juicio por el delito de peculado que habrían cometido el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor y otras doce personas acusadas dentro del caso conocido como Singue, debido al campo petrolero que estaría involucrado en la irregularidad.

El Tribunal de Juzgamiento para este caso estará integrado por los jueces Iván León (ponente), Marco Rodríguez y Wilman Terán. Un total de doce pruebas periciales, 39 testimoniales y 115 documentales son las que presentará Fiscalía cuando inicie la audiencia de juicio.

De instalarse la audiencia el próximo jueves a las 16:00, la diligencia estará dándose un día antes de que se dé la caducidad de la prisión preventiva (13 de marzo próximo) que pesa sobre Jorge Glas en este caso. La mañana de este lunes un Tribunal de la CNJ aceptó un habeas corpus interpuesto por el abogado de Glas, Harrison Salcedo, para dejar sin efecto la orden de presión preventiva dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Pese a que se definió que la prisión preventiva había superado el plazo razonable de seis meses sin sentencia y dejaba así sin efecto la medida cautelar, Glas debe seguir en la cárcel pues cumple una sentencia de seis años por el delito de asociación ilícita Odebrecht y mantiene la prisión preventiva en el caso Singue.

Peritos en contratación pública, informes periciales de audio y video, testimonios de ingenieros y abogados e informes de entidades públicas como el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la Presidencia de la República, la Secretaría de Hidrocarburos, entre otros, son los elementos de prueba que se debatirán en audiencia.

El peculado que se investiga analiza la adjudicación del campo Singue al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) en la que se habrían cometido irregularidades. Fiscalía sostiene que para este contrato se habrían incumplido requisitos legales y reglamentarios de la licitación y a pesar de esos incumplimientos por parte de la empresa oferente se llegó a calificarla y adjudicarle el contrato.

Según Fiscalía, se habría demostrado que existió un perjuicio para el Estado y un beneficio para la empresa contratada en la tarifa, ya que se negoció con una tarifa menor, la cual no tuvo sustento técnico. Un examen realizado por la Contraloría a esa contratación determinó un perjuicio para el Estado, hasta el momento del análisis, de más de $ 5 millones, pero Fiscalía cree que el perjuicio llega a los $ 28.5 millones, debido a que se sigue dando la operación. (I)