Depuración de cooperativas alcanzó más a las pequeñas de la cadena financiera

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Quito –

El proceso de depuración de cooperativas que ha llevado adelante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria desde su creación ha afectado más ampliamente a las cooperativas del segmento 5, es decir, a las más pequeñas de la cadena financiera. Entre 2013 y enero del 2019 hubo un total de 242 liquidaciones forzosas, de las cuales 205 (85 %) pertenecen al segmento 5.

El tema preocupa a Jorge Villavicencio, presidente de la Red de Cooperativas de los segmentos 4 y 5, quien asegura que les ha sido muy difícil cumplir con las normativas expedidas por el organismo.

Solo en los últimos cinco meses se han cerrado 21 instituciones, de las cuales 18 eran del segmento más pequeño (el 5). De todas ellas, se ha pagado al 94 % de depositantes (17 477) un total de $4,8 millones. Resta pagar más de $9 millones. Una de las cooperativas más grandes que cerró fue Sembrando un Nuevo País, con 12 000 depositantes.

Para Villavicencio, el problema del cierre de estas cooperativas es que son justamente las que atendían sectores a los que la banca no llega y han estado trabajando en inclusión social y financiera. Explica que su papel ha sido que las personas del sector rural “no tengan que hacer uso del chulquero para tener acceso a crédito”.

También advierte que en enero de este año se han presentado nuevas normativas que seguramente generarán más cierres, pues será muy complejo que las más pequeñas las cumplan. Dice que el plazo dado, que es hasta julio de este mismo año, es muy corto.

Catalina Pazos, intendenta general técnica, reconoce que de las 1010 cooperativas que recibió la Superintendencia, ahora solo quedan abiertas 547. Es decir, que 463 se han cerrado por diversos motivos.

El primero es la liquidación forzosa (242), pero también ha habido fusiones (134), y el resto se han extinguido por liquidación voluntaria, otras no alcanzaron a adecuar su normativa.

En el caso de las de liquidación forzosa existen dos causales: el incumplimiento de normativa, sobre todo relacionada con la provisión de cartera o no cumplir con el objeto social para el que fueron creadas, y registrar pérdidas superiores al 50 % del capital social.

Pazos explica que en el pasado se dieron amplios plazos para el cumplimiento de la norma. Por ejemplo, el caso de la provisión de cartera tuvieron 7 años, que ya se cumplieron.

Comenta que la Superintendencia, en esta administración de año y medio, ha tratado de que la afectación no sea tan grande para los sectores pequeños, y por eso se ha trabajado también en los procesos de fusión: tanto ordinarios como extraordinarios (obligatorios). “Las fusiones ayudan a que no desaparezca el servicio”.

En este periodo hubo 21 liquidaciones, pero también 47 fusiones. Las fusiones han permitido que al menos 241 000 socios no vivan la liquidación.

Admite que en enero se han emitido cinco normas para las cooperativas: de provisión de cartera, liquidez, solvencia, liquidaciones y morosidad. Las de solvencia y provisiones ya están vigentes para todas.

Las otras entrarán en vigencia en abril para los segmentos 1, 2 y 3. Mientras, para los segmentos 4 y 5 son obligatorias a partir de julio próximo.

Santiago García, catedrático de la Universidad Central, comenta que si bien estas cooperativas han incumplido las disposiciones, la opción debería ser darles una atención prioritaria y no la liquidación. Considera que la normativa debe adaptarse a los tamaños de las cooperativas. Para él, el cierre golpea a las economías parroquiales y cantonales.

Explica que se conoce que la mitad de los ecuatorianos no tiene servicios financieros y por ello se hace imperativo tener una política de inclusión. Es importante que haya espacio a la discusión y adaptación de la normativa para generar un modelo de desarrollo de microfinanzas adecuado. De lo contrario continuará la realidad, en la cual las tres cuartas partes de la población del sector rural está en la línea de pobreza. (I)