Protestas en Ecuador: Jueza Ana Guerrón declara nulidad en caso Contraloría y regresa el proceso a etapa de instrucción fiscal

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La jueza penal Ana Guerrón declaró la tarde de este lunes la nulidad de lo actuado a partir del impulso fiscal del 5 de diciembre de 2019, dentro del caso que investiga los hechos ocurridos en octubre pasado en la Contraloría General del Estado, en Quito, y dio diez días para que se realice una pericia sociológica y antropológica.

Poco antes de las 10:00 de este lunes se instaló la audiencia e inició la fase de evaluación de la instrucción fiscal. La misma fue declarada reservada debido a que se analizaron delitos contra la estructura del Estado. En concurso ideal de delitos, los 27 procesados son acusados por Fiscalía de sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros.

Ernesto Pazmiño, abogado de tres de los procesados, explicó antes de la instalación de la audiencia que Fiscalía no tiene un “caso sólido”. Además recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional mantienen como una obligación de los jueces de la justicia ordinaria, cuando hay indígenas procesados en un delito penal, que se haga una valoración intercultural, mediante peritajes sociológicos y antropológicos.

La mayoría de las defensas alegaron que existe un vicio de procedimiento de fondo que provoca la nulidad del proceso porque deja en indefensión a los 27 procesados.

“La disposición de la Corte Constitucional en dos casos: el caso Huaorani y el caso La Cocha, determinó que todas las autoridades de justicia penal ordinaria en el procesamiento y resolución de casos penales que involucran a ciudadanos indígenas aplicarán obligatoriamente lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, el cual explica que cuando existen procesados de pueblos y nacionalidad indígenas en un caso penal necesariamente tienen que hacerse una valoración intercultural”, aclaró.

Pazmiño denunció que pese a que era obligación de la Fiscalía designar ese perito nunca lo hizo y fueron las partes procesales las que insistieron en el pedido, pero lo habría negado por improcedente. Al abogado lo que le preocupa es el tiempo, pues recordó que en el caso La Cocha el perito se demoró dos años en realizar su informe.

Mariana Yumbay, abogada de otros tres procesados en el caso, cree que es un error grave el que no se haya realizado un peritaje antropológico conforme manda la norma constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial.

“Se debe haber garantizado la designación de un perito antropólogo, a fín de que este experto emita un informe donde se establezcan algunas situaciones culturales, sociales, económicas de estos miembros y a partir de ese informe tanto el fiscal como la jueza puedan tomar decisiones. Lamentablemente eso no ocurrió”, dijo Yumbay.

Las 27 personas ahora procesadas fueron detenidas el 12 de octubre del año pasado al interior del edificio principal de la Contraloría, en Quito, en momentos en que se registraban ataques violentos contra el edifico principal de esa institución. (I)