Culpable hasta que se demuestre lo contrario: Los organismos de control financiero consideran que las criptomonedas son ilícitas por defecto

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Recientemente, los organismos reguladores financieros de todo el mundo se han preocupado cada vez más por el papel de las criptomonedas en el blanqueo de dinero y la financiación de diversas actividades ilícitas. En los dos primeros meses de 2020, muchos gobiernos actuaron en respuesta a esas preocupaciones e introdujeron diversas medidas jurídicas destinadas a reforzar sus defensas contra el delito cibernético financiero supuestamente facilitado por el uso de dinero digital.

Rusia se ha convertido en la última de las principales jurisdicciones que ha dado un paso en esta dirección, ya que el Banco Central de Rusia dio a conocer la semana pasada un conjunto estudiado y revisado de indicadores en los que se aconseja a las instituciones financieras que reconozcan las transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de dinero. En lo que parece ser un enfoque riguroso sin precedentes para el intercambio de activos digitales, una de las nuevas normas prescribe marcar como sospechosas todas y cada una de las transacciones que implican las criptomonedas.

¿Es esta presunción general de culpabilidad la que guía ahora la nueva ola de medidas restrictivas que las autoridades financieras están dispuestas a aplicar?

La señal y el ruido

Al examinarla más de cerca, la nueva directiva del Banco Central de Rusia parece menos intimidante de lo que parece en un principio. El documento no es más que un conjunto de indicaciones para que los bancos comerciales presten atención cuando monitoreen las operaciones de los clientes por actividades sospechosas. La lista de alrededor de 100 artículos no es exhaustiva, ya que hay espacio para que las instituciones financieras incluyan otros nuevos específicos para sus circunstancias particulares.

Esencialmente, la lista enumera los factores de riesgo en los que los bancos podrían basarse para determinar si deben suspender las cuentas que muestran un comportamiento extraño o -en casos especialmente graves- para dar por terminado el servicio. No hay ninguna implicación de que cualquier operación que implique dinero digital conduzca a la suspensión de la cuenta o a la intervención de las fuerzas del orden para su investigación.

Lo que sí muestra la medida es la admisión por parte de los banqueros centrales rusos de que las transacciones en criptomonedas se están convirtiendo cada vez más en parte de las operaciones cotidianas de los bancos minoristas. Junto con la noticia de que el banco central ha completado su proyecto piloto de tokenización en la Blockchain y ha presentado las propuestas resultantes para enmendar la ley de activos digitales, el desarrollo sugiere que la autoridad monetaria de Rusia no se opone rotundamente a las innovaciones basadas en la Blockchain, sino que trata de diseñar políticas que aborden las múltiples clases de activos digitales.

Si bien la nueva directiva contra el blanqueo de dinero está evidentemente motivada por la sospecha generalizada de las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, el proyecto de tokenización apunta al interés del banco central en supervisar la creación de nuevos tipos de activos digitales y su integración legal.

La marea del GAFI

Si bien la sospecha recién codificada de las autoridades rusas respecto de todas las transacciones de criptomonedas no se traduce necesariamente en una mayor supervisión por parte de los organismos de vigilancia financiera, muchas medidas similares recientemente promulgadas o anunciadas por otros gobiernos sí lo hacen.

El impulso para que las naciones, desde Ucrania hasta Japón, promulguen simultáneamente nuevas normas contra el lavado de dinero centradas en las criptomonedas proviene de la orientación del Grupo de Acción Financiera Internacional publicada en el verano de 2019. En ella se pide a los 39 miembros de la organización intergubernamental que actualicen sus leyes nacionales para que los “proveedores de servicios de activos virtuales” se ajusten a normas de divulgación de información similares a las impuestas a las instituciones financieras tradicionales en un plazo de 12 meses.

Las directivas del GAFI proporcionan algunas orientaciones generales sobre cómo incorporar el dinero digital en la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales, pero dejan suficiente margen para que los Estados nacionales elaboren medidas concretas según sea necesario. Un enfoque popular consiste en aplicar un mayor escrutinio a las transacciones con criptomonedas cuyo valor supere un umbral establecido.

Un proyecto de ley firmado por el presidente de Ucrania a finales de 2019 estipula que los proveedores de servicios de pago deben solicitar información detallada sobre el origen y el destino de los fondos cuando procesen pagos con criptomonedas de más de 1.300 dólares. Las personas que se consideren sospechosas deben ser comunicadas al Servicio Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania.

Relacionado: Los gobiernos empiezan a aplicar las reglas del GAFI en todo el mundo

Otras jurisdicciones hacen de la vigilancia de las corrientes de dinero digital una prerrogativa de sus autoridades fiscales. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, el brazo del gobierno español responsable de la recaudación de impuestos, anunció en un comunicado de prensa a finales de enero que la vigilancia del espacio de las criptomonedas es una de sus principales prioridades para el año. Además de calificar a las monedas digitales como una fuente de riesgo fiscal, el documento mencionaba el blanqueo de dinero como una amenaza sustancial asociada a las criptomonedas. La autoridad parece estar particularmente preocupada por la darknet como un semillero de crimen facilitado por las criptomonedas.

Sin embargo, algunos ejemplos de la aplicación de las directrices del GAFI demuestran que es posible respetar las monedas digitales al tiempo que se diseña un marco normativo bastante benigno que no discrimine automáticamente a los usuarios y proveedores de servicios. Un ejemplo destacado sería Singapur. A pesar de que su nueva Ley de servicios de pago se ha elaborado sobre la premisa habitual de que las transacciones relacionadas con las criptomonedas conllevan intrínsecamente mayores riesgos de blanqueo de dinero, el cuerpo legal resultante ha sido caracterizado por muchos en la industria de las criptomonedas como flexible y con visión de futuro.

Las señales de Hawkish desde el otro lado del Atlántico

Más allá de la aplicación de las normas del GAFI, las actitudes puras de los actores mundiales influyentes hacia la vigilancia del espacio de las criptomonedas pueden tener un efecto significativo en la política, tanto estableciendo un precedente a nivel nacional como formando las opiniones dentro de las organizaciones financieras internacionales.

En este contexto, las señales que han emanado recientemente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos insinúan la intención del gobierno de tomarse en serio la regulación y la aplicación de las criptomonedas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. El subdirector de la Red de Cumplimiento de Crímenes Financieros, Jamal El-Hindi, hablando en la 20ª Conferencia contra el Lavado de Dinero y los Crímenes Financieros de SIFMA hace unas semanas, dijo:

“Juzgaremos a las instituciones financieras emergentes en función de si hacen que sus sistemas sean resistentes al lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la evasión de sanciones, el tráfico de personas y de estupefacientes y otras actividades ilícitas, y cómo lo hacen”.

Además, Sigal Mandelker, Subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien, durante un discurso en la misma conferencia, lamentó la falta de reglamentación mundial de la lucha contra el blanqueo de capitales con criptomonedas y pidió que se intensificara la cooperación internacional:

“La falta de reglamentación contra el lavado de dinero de los proveedores de moneda virtual en todo el mundo agrava enormemente los riesgos de financiación ilícita con el uso de monedas virtuales. Actualmente, somos uno de los únicos países importantes del mundo, junto con el Japón y Australia, que regulan estas actividades con fines de lavado de dinero”.

Al parecer, las autoridades financieras de los Estados Unidos están decididas no sólo a invertir recursos adicionales en la lucha contra el delito cibernético financiero, sino a promover medidas similares a nivel internacional. Las criptomonedas, como suele suceder, son las sospechosas habituales.

Por supuesto, será un acontecimiento bienvenido para todos si el mayor escrutinio del sector de los activos digitales conduce al enjuiciamiento de los verdaderos delincuentes y a la recuperación de los fondos robados. Sin embargo, también es posible que las medidas desproporcionadas impongan una carga innecesaria a las empresas legítimas de criptomonedas y a los usuarios habituales sin que ello redunde en una lucha eficaz contra la delincuencia.

Algunas estimaciones sugieren que la proporción de transacciones ilegales en criptomonedas es extremadamente baja, mientras que las criptomonedas en sí no son técnicamente el vehículo más conveniente para el blanqueo de dinero debido a su limitada liquidez. Los tan temidos mercados de la darknet, según el último informe de la empresa analítica Chainalysis, siguen siendo responsables de menos de la décima parte del porcentaje de toda la actividad con criptomonedas.

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