Hechos, no personas

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Se está desarrollando el juicio donde se indica que compañías privadas que mantenían contratos con el sector público financiaron gastos de campaña electoral para el partido de gobierno en la administración anterior. Espero que sea un juicio justo, objetivo, y que finalmente se establezca si se vulneró la ley. 

Sin embargo, es vital que rememoremos algunas cosas que en su momento ocurrieron, y que para entonces parecieron normales, justificadas y hasta cívicamente deseables. 

Hace tres décadas, cuando Guayaquil era un caos, la administración de entonces buscó talentos administrativos de primer nivel, pero la Municipalidad no podía pagar lo que estaban ganando en la empresa privada, y por tanto algunas empresas contribuyeron para “completar” sus sueldos, entre ellas algunas multinacionales. Eso fue visto por quienes lo conocían como un acto de desprendimiento, aporte cívico y compromiso con la ciudad.

Más allá de la honestidad que hasta hoy pienso que existió, una práctica así sin duda no estimula que el funcionario tenga un criterio independiente en sus decisiones, deba actuar de forma objetiva cuando los intereses de la comunidad se vean afectados, o más aún, genera el precedente del “legítimo estímulo” que puede recibir por parte de cualquiera, alguien de rango inferior “para completar”. 

Nuestro problema a veces es que perdemos la objetividad por afectos o desafectos, y porque más allá de fijarnos en los hechos como tales, nos fijamos en las personas. Ninguno de los dos actos debió producirse, si es que se hubieren producido, pues los dos por igual pueden conducir a situaciones donde se generan compromisos que dejan de lado la igualdad de los actores en una economía de mercado. Por eso creo que aunque no lo resuelve completamente, todo donante en una campaña electoral debe abstenerse legalmente de contratar con el Estado, directa o indirectamente, en el caso de que resulte ganador quien fue receptor de sus donaciones, por el periodo de su mandato. Ciertamente las relaciones y parentescos no se evitan por ley, pero por lo menos lo hace más transparente.