Asamblea Nacional tiene 21 nudos críticos en camino a la reforma de la Ley de Movilidad Humana

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Quito –

Al retorno del receso legislativo, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales deberá superar 21 nudos críticos que persisten en las reformas a la Ley de Movilidad Humana, que apuntan a regular y agilizar los procesos de deportación de extranjeros en el país.

Uno de los temas de mayor conflicto está en las causales para inadmitir a una persona extranjera en el país, pues se incluye “la presentación ante la autoridad de control migratorio de una documentación que se presuman falsos, adulterados o destruidos”. El lío surge por quien determina la presunta falsificación.

Otro texto que trae conflicto es la prohibición del ingreso de extranjeros que tengan antecedentes penales en delitos como asesinatos, violación, turismo sexual, homicidio, secuestro, narcotráfico, robo.

Otra causal en conflicto para inadmitir se relaciona cuando una persona sea considerada una amenaza o riesgo para “la seguridad pública y del Estado, según la información que dispongan las autoridades competentes”.

En el proyecto se busca ratificar que los procedimientos de deportación son individuales y queda prohibida la expulsión de colectivos de personas extranjeras. Así como el principio de que la persona no puede ser devuelta o expulsada a otro país, sea o no el de origen, cuando sus derechos a la vida, libertad o integridad y la de sus familiares corran riesgo.

La polémica en la deportación está en considerarla un proceso administrativo antes que jurisdiccional. Aquí, el Gobierno propone como concepto que la deportación sea una resolución administrativa, para agilizar el proceso, y que la persona deportada no podrá reingresar al país por tres años.

Pero la legisladora correísta Esther Cuesta insiste en que debe ser considerado un procedimiento jurisdiccional, lo cual según el presidente de la comisión, Fernando Flores, demoraría el proceso de deportación porque se tendrá que esperar una sentencia judicial.

En torno a los requisitos para obtener residencia temporal o permanente en el país, el debate surge por la propuesta de Pedro Curichumbi (CREO), de que se incluya haber incurrido en el involucramiento directo e indirecto en delitos de asesinato, homicidio, violación, turismo sexual, secuestro, narcotráfico o microtráfico y robo.

En las reformas se elimina todo el capítulo sobre Unasur; pero se mantiene la libre movilidad entre los países sudamericanos. (I)