Caso Sobornos: paraíso del tinterillo

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Miércoles 19 de febrero, siete de la noche. En la sala de audiencias del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, donde un tribunal presidido por el juez Iván León conoce el Caso Sobornos, uno de los abogados de la defensa interroga a Alexandra Mantilla, perito de perfiles criminales de la Fiscalía, sobre el uso de la jerga delincuencial en las anotaciones de la asesora presidencial Pamela Martínez. En la pantalla hay un documento en el que se lee: “A Manuel Fontana, de Fopeca, se le pidió medio palo. Marcelo Herdoíza (de la empresa Midisa) aseguró un palito”.

-Dígame usted, señora -pregunta ceremonioso el abogado-, ¿qué es un palo?

-Un millón de dólares -responde sin titubear la perito.

-¿Cómo lo sabe?

-Por mis siete años de experiencia como perito en los ambientes criminales.

-¿Y un palito?, -insiste innecesariamente el abogado.

-Un milloncito -contesta no sin cierta sorna- la perito.

-¿Qué otra cosa puede significar “un palito”?

-¡Objeción!, -interviene a tiempo la fiscal Diana Salazar.

-Ha lugar -zanja el juez León- entre las risas desatadas de todos los presentes.


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La cosa, aquí, va de lenguaje. De interpretaciones y sentidos. De voluntad para significar y de capacidad (o incapacidad) para entender. Un palo: resulta inverosímil que sea necesario apelar a la experiencia criminalística para acreditar el significado de una palabra que todo el mundo entiende. En el contexto de este juicio por cohecho, ningún ecuatoriano con dos neuronas tomaría la frase “Marcelo Herdoíza aseguró un palito” como una oferta de intercambio sexual por más polisémica que sea la palabra. Pero en una corte de justicia nunca está demás practicar la suspicacia. Lo que estaba intentando el abogado era establecer que la frase en cuestión puede significar muchas cosas no necesariamente relacionadas con dinero. Lo cual no es cierto y él lo sabe. He ahí la cuestión: él lo sabe. Aquellos que exigen “lealtad procesal” a toda costa, no tienen el menor rubor de practicar una deslealtad lingüística que da miedo. En eso consiste, ni más ni menos, la esencia del tinterillo: el abogado enredador.

Esa deslealtad lingüística es la que convierte a las cortes de justicia, especialmente una donde más de 20 abogados bregan por el estrellato y se pisan las mangueras, en un laboratorio maravilloso para cualquier semiólogo. Bien lo sabía el gran Roland Barthes, uno de los faros de esa disciplina. En 1955 él asistió a las audiencias de uno de los juicios por asesinato más sonados de su época en Francia: el proceso Dominici. Y se quedó pasmado. Escribió: “Un terror nos amenaza a todos: ser juzgados por un poder que solo quiere entender el lenguaje que él mismo nos presta”.

Ese terror lo vivió este miércoles, por pocos pero intensos minutos, la perito Mantilla. Ella es una competente profesional con estudios en México y, como se ha dicho, siete años de experiencia. La Fiscalía la contrató para que estableciera (de haberlo) el perfil criminal de la trama de Arroz Verde. Luego de entrevistar a cinco de los implicados, analizar su ‘modus operandi’, considerar su lenguaje y sopesar una serie de detalles, Mantilla concluyó que la trama se acomoda al concepto de “estructura criminal”.

Ante los jueces, insiste en que no es su competencia establecer la naturaleza del delito. Habla de cohecho, porque tal es el caso que configura la Fiscalía, pero se abstiene expresamente de acusar a nadie. Dos horas demora su testimonio y tres su interrogatorio, durante el cual los abogados de la defensa se empantanan en preguntas torpes y repetitivas. Cuando la fiscal está a punto de liberarla, uno de los abogados toma la palabra y dice: “Pido que se la detenga por cometer perjurio”.


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¿Perjurio? Sí. Ya que no se ha probado ningún delito, argumenta el abogado, la perito debe hablar de “estructura” en lugar de “estructura criminal”. “¿Cómo puede decir criminal si no hay delito?”, pregunta. No considera la posibilidad de que las palabras “estructura criminal”, lejos de configurar una acusación, correspondan simplemente a un modelo teórico que se ajusta al caso. Revisa su vademécum mental y solo encuentra códigos. Por tanto, es perjurio. Abogados: se inventan una jerga y quieren volverla obligatoria para todo el mundo.

Revuelo en el Tribunal. Los demás abogados, que no pueden ser menos que nadie en esta coyuntura (ni en ninguna otra), saltan cada cual más ruidoso que el otro para disputar el protagonismo de la escena. “¡Dijo cohecho!”, grita uno haciendo aspavientos. “¡Que se la detenga!”, reclama el de más allá, indignado. Por decir “estructura criminal” la quieren meter presa.

Barthes no podía encontrar mejor ejemplo para ilustrar su teoría: “un poder que solo puede entender el lenguaje que él mismo nos presta”. Menos mal que los jueces son más sensatos y no dan paso a la demanda. Mientras ellos deliberan, el abogado que inició todo esto saca pechito entre sus colegas: “¡Criminal! -dice y repite-, ¡estructura criminal!”. ¿Cómo puede decir eso sin crimen comprobado? Los demás asienten, como si el Código Penal fuera el Diccionario de la Academia de la Lengua. Tinterilladas.

Claro que, fuera del Tribunal, el lenguaje de estos abogados vuelve a ser el lenguaje cotidiano, el lenguaje sincero y llano, el de todo el mundo. La víspera de estos acontecimientos, en el vestíbulo de la planta baja del edificio de la Corte Nacional, el abogado del palito y el abogado de la estructura criminal esperan el ascensor que los conducirá al octavo piso. Ambos defienden a uno de los exministros del correísmo más embarrados en la trama de corrupción. Creyéndose solos, intercambian opiniones sobre los pormenores del caso. “Pero de que los empresarios pagaron, ¡pagaron!”, se sincera el abogado del palito, y se refiere claramente a los sobornos. Con un mejor ángulo de visión, el abogado de la estructura criminal advierte la presencia de algún periodista, hace un gesto de precaución a su colega y cambia de tema abruptamente: “Pero el problema real aquí -divaga-, el problema de fondo, es la mafia mediática”. Eso dice. Difícil encontrar salida más pueril en el universo mundo.

No, el problema de fondo no es la mafia mediática. El problema de fondo es que pagaron. Y que su defendido, según sostiene la Fiscalía, cobró a manos llenas. ¿Qué hacer? Pues nada, volver al Tribunal y representar el papel que les compete, uno en el que las palabras “pagar” y “cobrar” no se ajustarán al significado que se les atribuye cuando se las pronuncia en la puerta del ascensor sino al que sus enrevesadas interpretaciones jurídicas quieran darle. Lealtad procesal, deslealtad verbal. Ya otros han cuestionado, sobre todo en los primeros días del juicio, cuando las evidencias todavía no abrumaban, el significado de las palabras “cruce de facturas”. No está tipificado, decían. ¿Por qué no cuestionar el significado de “pagar” y “cobrar”? Todo parece indicar que el destino del Caso Sobornos depende, más que de la contundencia de las pruebas, de las competencias lingüísticas de los juzgadores.


14 - ROBERTO AGUILAR  (31202723)

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Jarrín se atreve con los verbos

El abogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín, incursiona con audacia en la gramática. Quiere que el perito que analizó el cuaderno de Pamela Martínez le diga en qué tiempo verbal está escrita determinada página. Aspira llegar a alguna conclusión sobre el momento en que fue escrita en relación con los hechos. Pero la página en cuestión es un meollo de conjugaciones. Dice: “Me han señalado fecha de despacho con SP”. Martínez habla en pasado perfecto de una reunión que tendrá lugar en el futuro y para la cual debe preparar una serie de cosas que enumera en infinitivo: “exponer” esto, “presentar” lo otro. Y termina: “Solo tengo diez minutos”, lo cual es un presente del indicativo con valor de futuro simple. Qué pena que la fiscal objetó la pregunta. Habría sido interesante ver qué hacía Jarrín con la respuesta.

El DETALLE

Leguleyadas. Aquellos que exigen “lealtad procesal” a toda costa no tienen el menor rubor de practicar una deslealtad lingüística que da miedo. Esa es la esencia del abogado enredador.

Jerga jurídica. “Un terror nos amenaza a todos -decía Barthes sobre el lenguaje de los abogados-: ser juzgados por un poder que solo quiere entender el lenguaje que él mismo nos presta”.