En dos tribunales, se analizan tres casos de repetición a favor del Estado

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Quito –

La Procuraduría General del Estado (PGE) busca la acción de repetición o el reintegro del pago hecho por el Estado en reconocimiento indemnizatorio por la vulneración de derechos en tres casos: la destitución de los 8 vocales del entonces Tribunal Constitucional y de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en 2004, y del pueblo indígena kichwa de Sarayaku.

Los exmagistrados del Tribunal Constitucional: Miguel Camba, Oswaldo Cevallos, Enrique Herrería, Jaime Nogales, Luis Rojas, Mauro Terán, Simón Zabala y Manuel Jaramillo presentaron la demanda contra el Estado en el 2005 por violación a sus derechos, garantías judiciales, principio de legalidad y protección judicial. En 2004 fueron destituidos por el Congreso. Supuestamente por haber declarado inconstitucional el método de asignación de escaños (D’Hondt), tras una demanda presentada ante el organismo. Su periodo iba al 2007.

En tanto, el Congreso destituyó en diciembre de 2004 a la Corte Suprema. La iniciativa fue adoptada a instancias del entonces presidente Lucio Gutiérrez. 27 jueces apelaron a organismos internacionales por esa destitución.

En 2014, el Gobierno empezó a pagar las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en favor de 27 exjueces de la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de los magistrados del desaparecido Tribunal Constitucional (TC), que fueron destituidos.

La CorteIDH notificó al Estado ecuatoriano en agosto del 2013 de la sentencia que dispuso la reparación económica por el daño causado; eran cerca de $400.000 para cada uno.

En el caso del pueblo indígena kichwa de Sarayaku se refiere al otorgamiento por parte del Estado de un permiso a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del Pueblo de Sarayaku, en la década de 1990, sin que se hubiere consultado previamente con éste y sin su consentimiento. La sentencia fue de $ 1’404.344,62.

La PGE informó que, en 2016, se presentaron tres demandas. Éstas se encuentran en sustanciación en tribunales de lo Contencioso Administrativo de Quito y Ambato.