Fiscal Diana Salazar: estructura liderada por Rafael Correa recibió casi $8 millones

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“Un Gobierno corrupto desprestigia la administración pública, traiciona la confianza del pueblo que lo eligió y lo condena a la absoluta pobreza”. Con esa frase la fiscal general, Diana Salazar, inició su participación en la audiencia de juzgamiento contra 21 acusados del delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016.

La audiencia fue instalada por los jueces Iván León, quien presidirá el Tribunal de Juzgamiento, y Marco Rodríguez e Iván Saquicela, a poco más de nueve meses de que arrancó el proceso judicial con la detención de quien fue asesora del exmandatario Rafael Correa, Pamela Martínez, y su exasistente Laura Terán.

Para Salazar, en la presidencia de Correa, entre 2012 y 2016, se instauró una “estructura delincuencial” integrada por funcionarios designados estratégicamente y de forma secuencial en cargos de ministros, secretarios de Estado… “cuyos roles facilitaron la aceptación de promesas o dones, ofrecidos y entregados por empresarios”.

La Fiscalía dará a conocer que se pueden cometer delitos desde las más altas esferas gubernamentales de un país a través de aparatos de poder organizado”.
Diana Salazar, fiscal general

Todo esto, señalaba la fiscal, a cambio del otorgamiento de contratos de obras de infraestructura conseguidos con “violación a principios de la contratación pública como la igualdad, oportunidad, transparencia y utilizando como regla la excepcionalidad para pretender dar a sus actuaciones una apariencia de legitimidad”.

Entre los once puntos que Salazar aseguró probaría estaba que al mando de esta estructura criminal estaba Correa y que también era liderada por funcionarios de extrema confianza; que la organización delictiva usó bienes del Estado para receptar sobornos e instauró un complejo mecanismo sistematizado de recaudación.

“Quedará sentado que el valor total recibido por la estructura liderada por Rafael Correa, por medio del mecanismo sistemático de recaudación, asciende a $7 797 588, 61, equivalente: $6 793 088, 61 a través del cruce de facturas y $1 004 500 en efectivo”, explicó Salazar.

Alembert Vera, abogado del exministro de Transporte, Walter Solís, en respuesta al calificativo de que en el caso existía una “estructura criminal” dijo que sí había una “asociación criminal”, pero que era la que estaría conformada por “Fiscalía y la Procuraduría para perseguir a gente inocente”.

Señores del Tribunal van a poder observar cómo se ha mutilado pruebas, cómo Fiscalía ha utilizado dolosamente pruebas que no demuestran la existencia de un delito”
Alembert Vera, abogado del exministro de Transporte, Walter Solís

Vera apuntó que en este proceso no hay ningún hecho concreto sino solo conjeturas y que no hay los elementos que configuren el delito de cohecho. Para las defensas de los acusados, Fiscalía no les ha dicho de qué forma, cuándo y dónde recibieron o aceptaron las dádivas y si recibieron y aceptaron para ejecutar qué acto.

“La Fiscalía no tiene pruebas para sostener un caso en contra de Rafael Correa. Hemos sido testigos de un proceso de criminalización y de linchamiento mediático”, indicó Fausto Jarrín, defensa del exmandatario, quien defendió, además, la legalidad de un fondo de solidaridad de Presidencia del que se le habría dado $6000 en calidad de préstamo a su cliente.

La defensa de Pamela Martínez, Adolfo Cadena, afirmó que su representada actuó obedeciendo una disposición de sus superiores y su aporte fue secundario en la estructura.

Mientras que la abogada de Pedro Verduga, Gabriela Moreira, indicó que el empresario cumplió “exigencias” de Pamela Martínez para entregar aportaciones de las cuales no tenía conocimiento su destino, bajo la amenaza de suspensión de pagos de contratos que estaban ejecutándose y que habían sido obtenidos en administraciones anteriores.

Pedro Verduga ha sido presionado inclusive hasta antes de esta audiencia de juicio por uno de los procesados, con la finalidad de que en su testimonio dé por cierto un hecho falso”
Gabriela Moreira, abogada de Pedro Verduga

Según Moreira, Verduga no se benefició de contratos con el Ministerio de Transporte entre 2012-2016 y denunció que su cliente recibió presiones de otro de los procesados.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía realizaba la presentación de su prueba testimonial, arrancó con los audios de los testimonios anticipados de Martínez y Terán. (I)