Procesos judiciales relacionados a las protestas de octubre de 2019 avanzan lentamente

0
91



A cuatro meses de las protestas de octubre pasado, algunas investigaciones y procesos judiciales avanzan lentamente, denuncian familiares y allegados de las víctimas.

“Seguimos en toma de versiones y todavía no sabemos quiénes son los responsables de la muerte de Édison Yucailla. No creo que sea justo”, reclamaban ayer familiares, amigos, integrantes del Parlamento Indígena del cantón Guamote (Chimborazo) y dirigentes de varias comunidades.

Todos llegaron a la Fiscalía General para exigir celeridad en la investigación de lo que ellos llaman “el asesinato de Édgar Yucailla” en manos de agentes de seguridad estatal.

Yucailla, expresidente de nueve comunidades de Sablog de Guamote, fue una de las víctimas mortales que dejaron las jornadas de protesta en rechazo al Decreto 883 que eliminaba el subsidio al diésel y gasolinas.

Delfín Buelva, abogado de la familia de Yucailla, explicó que además del plantón para exigir respuestas a las autoridades, ellos llegaron a Fiscalía para apoyar las versiones que debían entregar Segundo Delgado, Ángel Guashpa y Luis Lema, comuneros de Chimborazo que habrían sido testigos de la agresión que sufrió Yucailla.

El sábado 12 de octubre pasado, Yucailla, de 32 años, resultó herido por un impacto en la cabeza, cuando participaba de las manifestaciones en una zona cercana a la Asamblea. El entonces líder indígena falleció a los 17 días en el Hospital Eugenio Espejo, en Quito.

Luis Lema, uno de los testigos, aseguró que los perdigones que recibió su compañero salieron de un arma policial. Buelva pide a la Fiscalía que realice las pericias que confirme que eran perdigones (cerca de 75) los que ocasionaron la muerte de Yucailla y se deseche la idea de que fue una muerte accidental.

En tanto, ayer, los pedidos de varios abogados originaron el diferimiento de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por los delitos de sabotaje, toma de instalaciones públicas y destrucción de registros, contra 27 detenidos por los actos violentos ocurridos en la Contraloría, el 12 de octubre.

La jueza Ana Cristina Guerrón, mediante una providencia, dio a conocer el diferimiento de la diligencia para el 2 de marzo próximo. Inicialmente los procesados fueron acusados de terrorismo.

En otro de los casos, desde el 13 de enero pasado el asambleísta de la Revolución Ciudadana Yofre Poma, sancionado a un año y cuatro meses de cárcel por el delito de paralización de un servicio público, está a la espera de que le definan una nueva fecha para la audiencia de apelación a la sentencia.

Esta diligencia estaba dispuesta para el 15 de enero, pero dos días antes, debido a un pedido de Fiscalía, la audiencia de apelación fue diferida.

Desde el 21 de enero pasado, Óscar Daquilema, procesado por los delitos de robo e incumplimiento de orden de autoridad por hechos relacionados con los ataques en la Contraloría, está a la espera de que se le realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. (I)