Caso Sobornos 2012-2016 llega a una fase decisiva con audiencia de juicio

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Aunque para el próximo viernes 31 de enero está convocada la instalación de la audiencia de juzgamiento de 21 personas que son acusadas del delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016, varios abogados de los procesados están pendientes a que el Tribunal de Juzgamiento se pronuncie sobre pedidos de prueba nueva y pedidos de diferimiento realizados.

Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, afirma que la expectativa puntual respecto al caso es que se haya convocado como corresponde a todas las partes, se haya notificado a todos los testigos y se haya solicitado todo lo que se requirió a la jueza Daniela Camacho y ella autorizó en la audiencia preparatoria.

En el caso de Jarrín dice él que ha solicitado como prueba nueva un informe del CNE y los testimonios de los tres vocales que lo aprobaron, pero asegura que no ha recibido ninguna providencia al respecto. También dice que le llama la atención el silencio del Tribunal sobre el recurso de hecho solicitado por el procesado Christian Viteri.

“Me llama mucho la atención que vaya a instalarse una audiencia cuando hay un recurso pendiente”, dijo el abogado de Correa.

El empresario procesado Ramiro Galarza entregó esta semana un pedido para que se difiera la audiencia de juicio. Según él, su abogado principal, Gustavo García, está en Argentina en una actividad académica que fue fijada con antelación al día que el Tribunal definió la fecha para la diligencia. El pedido aún o ha sido respondido por el Tribunal.

A continuación, dos juristas y el abogado del expresidente Rafael Correa dan sus criterios sobre el proceso:

Mónica Vargas: ‘Correa sabía todo lo que sucedía a su alrededor’

La abogada Mónica Vargas señala que la jueza Daniella Camacho tomó la decisión de llamar a juicio al expresidente Rafael Correa y a otros 20 acusados “porque coincidió con el criterio de la fiscal Diana Salazar, en cuanto a que hay elementos para señalar la existencia del delito de cohecho”.

“El delito de cohecho es lo que se conoce como soborno y, en el presente caso, tal como lo señaló la fiscal, la corrupción fue sistemática porque se la realizó a través de una trama organizada desde el estrato de poder más alto, que fue la Presidencia de la República”.

“Como presidente, a Correa se lo conoció como una figura que estaba al tanto de todo lo que sucedía a su alrededor, sobre todo en las obras de gran envergadura. De tal manera que cuando la fiscal establece que ejercía supervisión y aprobación de la recepción de los valores provenientes de empresas privadas y su distribución, esa conducta construiría la existencia del delito”.

“Durante el juicio se intentará probar la participación del expresidente Correa en la trama de la organización delincuencial. Para aquello, la jueza Camacho marcó claramente los elementos para la existencia del delito y la participación del exmandatario: información obtenida en los archivos de la exfuncionaria Laura Terán, donde consta la oferta y el cruce de facturas, transacciones que son reales, avaladas por los propios proveedores y registradas bajo códigos SP, RCD y RC”.

“Es importante establecer que este delito no exige que el expresidente haya tenido un enriquecimiento personal porque pudo hacerse a favor de un tercero; en este caso, de algunos funcionarios y un movimiento cuyo buró político estuvo presidido por él”.

“Además de la existencia de los archivos de Laura Terán y la autenticidad de las facturas, existe también un depósito en la cuenta del expresidente. Todos estos elementos serán pruebas importantes para resolver su situación”.

“Será el Tribunal designado el que tome la decisión sobre los hechos investigados y, tal como lo dijo la jueza, esto refleja tal nivel de corrupción que la investigación no se puede agotar con el cohecho”.

Ramiro Román: ‘Códigos dan pistas de cómo se articuló grupo delincuencial’

El jurista Ramiro Román opina que para la Fiscalía General el expresidente Rafael Correa es “la cabeza, el jefe de la organización”, porque esta tiene consigo un componente, que es la determinación. “Se determinaron, se organizaron para delinquir. La jueza Daniella Camacho acoge este planteamiento y resuelve llamarlo a juicio junto a otras 20 personas”.

“Hay diferentes documentos y versiones de que Correa era el que conocía la organización y a él le informaban lo que iba sucediendo. Además él controlaba la captación del dinero para los fines del partido Alianza PAIS, entre otras cosas. Eso significa que tiene el dominio del acto, del hecho, y eso mantiene autoría directa. Dentro de un grupo de personas él se establece como que fuera el que lo comanda o es su jefe”.

“Lo que se plantea es que Pamela Martínez y Laura Terán realizaban las anotaciones, todo con conocimiento de SP, que es señor presidente. Esa es una parte fundamental para que se siga manejando esa posición. Otras veces aparentemente intervienen más personas como Alexis Mera, secretario jurídico, en los planteamientos que va a realizar. Todo eso abona para que llegue a conocerlo SP, el señor presidente, independientemente de que él también interviene”.

“El que existan códigos como SP, L1, SVP, JG da pistas de cómo se estructuró la organización dentro de la función pública. Y es penoso para el país que se llame a juicio a un expresidente, a un exvicepresidente y a ministros de alto nivel, asambleístas, funcionarios involucrados en este tipo de hechos delictivos”.

“Nuestro país tiene un problema más, que es hacer la recuperación de todos esos dineros que han ido a lugares dentro y fuera del país. Eso también tienen que hacer la Fiscalía y los jueces, para que con pruebas y más que nada con el tipo penal de cohecho se logre llegar a la devolución de los dineros”.

“En este caso para mí hay varios delitos. Hay que tomar en cuenta que en la Constitución el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito no justificado, los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles. Y además se los puede juzgar en ausencia”.

Fausto Jarrín: ‘No existe ni un informe de SRI, UAFE, Contraloría’

“(…) Si nombrar o sacar ministros, si dirigir políticas públicas o emitir decretos, tal como manda la Constitución, es una estructura criminal, entonces la Constitución es el manual de la estructura criminal. Lo que pretende la Fiscalía es descabellado y carece de elementos probatorios”, afirma Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016.

“Entre los elementos de convicción presentados contra Correa están cosas tan incoherentes como su nombramiento y un listado de contratos emitido por el Sercop. No existe ni un informe del SRI, de la UAFE, de la ULA, algo que esté relacionado con un beneficio ilegal en el patrimonio de Correa”.

“No existe ni un solo informe de auditoría de la Contraloría, no sabemos cuáles son los contratos que supuestamente el expresidente firmó y por eso la jueza Daniella Camacho, en la precariedad de la acusación de la Fiscalía, lo único que puede tomar es el depósito de $6000 y la versión de Francoise Villalba, exasistente del presidente, que reconoció la existencia de esa especie de crédito que se dio en ese fondo privado que se manejaba en la Presidencia, pero así mismo la Fiscalía se olvida que en ese testimonio se estableció que ese dinero fue devuelto”.

Si el artículo 286 del Código Penal anterior establece que el funcionario público, dentro de sus competencia, a cambio de una dádiva, de una remuneración o de una compensación hace o deja hacer algo que le corresponde hacer, ninguno de esos verbos rectores se va a cumplir, porque no era de competencia del expresidente firmar ninguno de esos contratos o vigilar la actividad de ninguno de los funcionarios públicos, para eso está la Contraloría”.

“No existe ninguna organización, la Fiscalía no ha establecido, por ejemplo, cuáles serían los roles de cada partícipe o cuál sería el alcance del dominio de la organización… y lo que ha hecho es decir que todos son autores de cohecho. O sea la Fiscalía, por un lado, establece una construcción dogmática muy compleja como es la autoría mediata por dominio de organización, pero a la par acusa a todos de autores y por ahí a alguien más de cómplice, pero no ha dicho nada puntual”. (I)