Juez ratifica inocencia de acusados de realizar tareas de inteligencia a caravanas presidencial y vicepresidencial

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Quito –

Cerca de 100 días le tomó a la justicia ecuatoriana resolver la inocencia de los ecuatorianos Christian V. y José R., del cubano Yoelvys A. y del venezolano Albert M., quienes eran acusados desde el 11 de octubre pasado del delito de asociación ilícita. A ellos se los investigaba por supuestamente realizar tareas de inteligencia a las caravanas presidencial y vicepresidencial.

La resolución de Miguel Narváez, juez de la Unidad Judicial con competencia en Infracciones Flagrantes de Pichincha, fue publicada el 14 de enero pasado, luego de que la fiscal del caso Gabriela Delgado emitiera un dictamen abstentivo a favor de los cuatro sospechosos al no tener elementos de convicción que sustenten su teoría.

El 10 de octubre pasado, al mismo tiempo en que se daban protestas y movilizaciones en todo el Ecuador en rechazo a las medidas económicas decretadas por el Gobierno de Lenín Moreno, un grupo de 19 ciudadanos, entre venezolanos, cubanos y un ecuatorianos, fueron detenidos por la Policía en el estacionamiento de un restaurante ubicado cerca de una gasolinera en la vía que comunica al aeropuerto de Tababela, al nororiente de Quito.

El general Patricio Carrillo, ahora comandante de la Policía y en ese momento director Nacional de Operaciones, se limitó a explicar que “se detuvo a personas de diversas nacionalidades extranjeras que estaban haciendo algunas actividades, presumiblemente atentando contra la seguridad de la caravana presidencial y vicepresidencial”.

Familiares y cercanos de los detenidos explicaron que ellos estaban en ese lugar junto a sus vehículos porque prestaban servicios de taxi mediante aplicaciones móviles.

Un día después, el 11 de octubre del 2019, durante la audiencia de flagrancia, 15 ciudadanos venezolanos quedaron en libertad y solo a Christian V., José R., Yoelvys A. y Albert M. se les ordenó un procedimiento directo, lo que quería decir que en diez días debía darse una audiencia de juzgamiento para resolver su inocencia o culpabilidad.

Poco más de tres meses después de la detención, de presentaciones periódicas de los procesados y de pericias a cámaras y celulares incautados, la fiscal Delgado arribó a la conclusión de que se abstenía de acusar a los procesados.

La Fiscal argumentó que la acción realizada por los mismos “no se enmarca en una conducta penalmente relevante (…) toda vez que del caudal probatorio recabado no se ha logrado determinar la existencia de una asociación con carácter de permanencia que tenga como finalidad cometer delitos”.

En su momento el representante de la Fundación de Venezolanos en Ecuador, Eduardo Febres Cordero, así como familiares de los extranjeros que quedaron en libertad exigieron a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que emita disculpas públicas en “cadena nacional” a la comunidad venezolana y a los injustamente acusados.

Ya en octubre, el dirigente de la comunidad de venezolanos en el Ecuador calificó a las detenciones de arbitrarias.

Ante la falta de acusación fiscal, el juez Narváez ratificó el estado de inocencia de los cuatro procesados y levantó las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. Al momento la decisión judicial se encuentra legalmente ejecutoriada y las autoridades iniciaron el proceso de devolución de artefactos incautados com parte del caso. (I)