Asambleístas de la Revolución Ciudadana asilados en México no rinden versión en caso por rebelión

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Por segunda ocasión los asambleístas Gabriela Rivadeneira y Luis Molina, ambos del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), no rindieron versión dentro del caso por rebelión, en el que son investigados la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, los dirigentes de la RC Virgilio Hernández y Christian G., y el ciudadano Pablo D.

Ambos legisladores se encuentran en México desde el 9 de enero pasado, debido a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les otorgó asilo político luego de permanecer 86 días con protección en la Embajada de México en Quito, Ecuador. La versión debía darse mediante videoconferencia.

Además de Rivadeneira y Molina, Fiscalía también buscaba que rindan versión, sobre lo que conocen del caso que se investiga, Edwin Jarrín, pareja de la asambleísta Soledad Buendía; Tania Pauker, esposa del legislador Carlos Viteri, y Luis Flores, esposo de Rivadeneira. Todos ellos también viajaron a México a inicios de enero de este año.

Sin notificación adecuada

El exlegislador de Alianza PAIS (AP), Gabriel Rivera, abogado de la mayor parte de los correístas que están en México y fueron llamados a rendir versión, afirma que no se concretó la convocatorias porque “no han sido notificados como corresponde”. A su decir debieron tramitarse las versiones a través de cooperación internacional.

“Esperamos tener una coordinación más adelante con la Fiscalía para que los convocados puedan rendir sus versiones”, explicó Rivera.

Hasta el momento han transcurrido 98 de los 120 días dispuestos para la instrucción fiscal por el delito de rebelión. El caso inició el 15 de octubre pasado con la formulación de cargos contra Pabón, Christian G. y Pablo D., mientras el 5 de noviembre último se vinculó al caso a Virgilio Hernández.

El proceso penal se instauró contra cuatro sospechosos por supuestamente realizar actos que promovieron y ayudaron a generar violencia durante trece días de protesta en octubre pasado en la capital. Desde la Fiscalía se presume que con el caos existente en las calles de Ecuador se buscaba desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. (I)