En el paro de octubre pasado sí hubo uso excesivo de la fuerza, señala informe de la Comisión Interamericana Derechos Humanos

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que durante el paro de octubre pasado hubo una “reacción violenta” y un “uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares”.

La CIDH, con sede en Washington, publicó ayer el informe sobre la protesta registrada ese mes, en rechazo a la eliminación del subsidio que el Estado otorga a ciertos combustibles (medida que luego fue revertida).

La Comisión determinó que la fuerza pública no tomó en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales, y que esa sería la causa “del alto número de personas heridas”.

“Según información suministrada por la Defensoría del Pueblo, por lo menos 1340 personas resultaron heridas, entre ellas 458 servidores policiales, en el contexto de los hechos ocurridos entre el 3 y el 13 de octubre en el país”, anotó el organismo internacional.

Además, la CIDH reprochó el “alto número de aprehensiones” registradas durante las manifestaciones: 1228, según el Ministerio de Gobierno; y cuestionó que “un gran número” se habría llevado a cabo “de forma arbitraria o ilegal”.

“La Comisión recibió varios testimonios de personas que indicaron haber sufrido esas arbitrariedades en el contexto de sus detenciones”, refirió en el documento, que se elaboró con información recogida durante una visita al país.

La CIDH estuvo en Ecuador entre el 28 y 30 de octubre, y se reunió con diversos actores sociales y gubernamentales para conocer los detalles del paro.

En su informe recomendó al Estado ecuatoriano, entre otras sugerencias, establecer un plan de atención y reparación a las víctimas.

Otros puntos del documento

Eliminación de subsidios

La CIDH anotó que la decisión del Gobierno de eliminar los subsidios de ciertos combustibles “careció de un proceso previo de consulta ciudadana”.

Diálogo

El organismo hizo un llamado al Estado a impulsar procesos de información con los ciudadanos “en toda adopción de posibles medidas de austeridad”. Sugirió mantener “desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo” para detectar posibles afectaciones.

Investigaciones

También recomendó al Estado avanzar en las investigaciones correspondientes a las muertes de personas indígenas ocurridas en el marco de las manifestaciones, de manera diligente, efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los responsables, así como a obtener las medidas de reparación individuales y colectivas correspondientes a las víctimas y sus familiares, comunidades y nacionalidades indígenas. (I)