Tribunal rechazó recursos en caso por asociación ilícita en Petroecuador

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Quito –

Cerca de cuatro horas de audiencia le tomó a un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazar los recursos de apelación presentados por el exgerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, y el exsubgerente de Refinación de la estatal petrolera, Diego Tapia, quienes cumplen desde 2017 sentencia de seis años por el delito de asociación ilícita.

Además, el Tribunal integrado por los jueces nacionales Wilman Terán (ponente), Dilza Muñoz e Iván León, al inicio de la diligencia, inadmitió el recurso de casación interpuesto por el también exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli. Todos inicialmente fueron procesados por el delito de delincuencia organizada, pero el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, dirigido por la jueza Silvana Velasco cambió el tipo penal a asociación ilícita y sentenció a los tres como autores directos a seis años de cárcel.

Las defensas de Calvopiña y Tapia en sus intervenciones argumentaron que el Tribunal de Apelación realizó una indebida aplicación de la normativa y se produjo una contravención expresa de la ley al no tomar en cuenta circunstancias atenuantes para su sentencia, además de que la misma no estuvo debidamente motivada.

Fiscalía en respuesta explicó que en las resoluciones en instancias anteriores, incluida la de apelaciòn, se aplicó de forma adecuada el principio de favorabilidad y además la misma está debidamente motivada.

A finales del 2017, el Tribunal de primera instancia de forma unánime condenó a Pareja Yannuzzelli, Calvopiña y Tapia. En este mismo caso, Álex Bravo, también exgerente de Petroecuador, al acogerse al procedimiento abreviado, fue condenado meses antes a tres años y seis meses de cárcel.

Según el Tribunal, en este caso existieron más de dos personas que conscientemente cometieron este delito contra la administración pública y que los involucrados incrementaron sus patrimonios injustificadamente. El ilícito se habría cometido usando la figura de giro específico de negocio y además se firmaron contratos complementarios que encarecieron varias obras para la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

En la audiencia de juicio, la Fiscalía demostró que entre marzo del 2011 y junio del 2015 los sentenciados fueron parte de una organización delictiva conformada por servidores públicos del nivel jerárquico superior en Petroecuador y que actuaron dolosamente para obtener beneficios económicos a su favor.

A decir de Fiscalía, esta organización estaba conformada por Bravo, quien recibía los recursos y los repartía a los otros integrantes por disposición de Pareja Yannuzzelli, que fungía como líder. Tapia, desde la subgerencia de Operaciones, habría generado las necesidades para viabilizar los contratos. Finalmente, Calvopiña, como gerente general, daba paso a la ejecución de los contratos. (I)