Guaidó busca una segunda oportunidad para acabar con la dictadura de Maduro

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No hay tregua en Venezuela. La Asamblea Nacional -de mayoría opositora y declarada en desacato por el Supremo- elegirá hoy su nueva y última junta directiva del periodo legislativo 2016-2021. El desafío de Juan Guaidó será superar en votos al régimen chavista, que con una jugada sucia pretendía comprar por un millón de dólares votos en contra del líder opositor para así frustrar su reelección como jefe del Parlamento y, por tanto, como presidente interino del país.

En su intento por reducir políticamente a Guaidó dejándolo fuera del juego político, Nicolás Maduro intentó sacar ventaja con chantajes multimillonarios para retomar el único poder que no ha podido controlar y que no lo reconoce como presidente de Venezuela. Sin embargo, todo apunta a que su mayor rival obtendrá hoy los 84 votos necesarios (mayoría absoluta) para mantenerse a la cabeza de la lucha por recuperar la democracia.

La votación de los parlamentarios no se resume a una sola persona sino a una Junta Directiva conformada por cinco personas. La Junta saliente estuvo integrada por Juan Guaidó (Voluntad Popular) en la presidencia, en la primera vicepresidencia, Édgar Zambrano (Acción Democrática), quien recuperó su libertad en septiembre luego de quedar preso en mayo por órdenes del régimen de Maduro que lo acusó de participar en el levantamiento militar de abril pasado. La segunda vicepresidencia la ocupó Stalin González (Un Nuevo Tiempo), encargado de planificar la ruta electoral y convocar elecciones transparentes en el país sudamericano. Edinson Ferrer (PJ) estuvo a cargo de la secretaría y José Luis Cartaya (independiente) de la subsecretaría.

La nueva Junta Directiva
Este diario pudo saber que la nueva Junta, que intentará ratificarse a las 5 de la tarde hora española (12 del mediodía hora local), estará presidida por Guaidó. En la primera vicepresidencia hasta el cierre de esta edición no había sido definido si la ocuparía Ángel Medina o Juan Pablo Guanipa (ambos de PJ) por el riesgo que representa que al diputado Guanipa lo encarcelen a penas el régimen se entere de su postulación por tener ya procedimientos abiertos. La segunda vicepresidencia estará a cargo de Carlos Berrizbeitia (partido minoritario), el secretario será Angelo Palmiari (UNT) y la jefatura de la bancada opositora recaerá en Carlos Prosperi (AD).

Las diversas maniobras de Maduro por truncar el movimiento opositor se han centrado principalmente en la persecución y el hostigamiento a más de 30 diputados que han tenido que huir y ahora se encuentran en el exilio, en clandestinidad o en la cárcel como es el caso de Juan Requesens y Gilber Caro para evitar que los legisladores opositores sumen la mayoría absoluta que les daría el control nuevamente de la Cámara. Aunque la oposición salió triunfante en las elecciones legislativas de 2015 con 112 de los 167 escaños, es decir, se alzó con el 67% de los diputados las riñas políticas internas han cambiado un poco el panorama con la aparición de nueva formaciones opositoras minoritarias que no necesariamente están de acuerdo con una nueva gestión de Guaidó.

Si no hay ningún contratiempo, el joven de Voluntad Popular se reeligirá como jefe del Parlamento con 96 votos a favor conformados respectivamente por 85 votos del G4 (los cuatro partidos más votados) y 11 de Concertación por Venezuela. En contra -aunque pueden también abstenerse- se contabilizan 71 votos: cuatro de la fracción 16J, integrada por Convergencia, Vente Venezuela (partido de la radical María Corina Machado) y Alianza Venezuela; los siete de Concertación por el cambio de Timoteo Zambrano; los 5 independientes que han sido señalados de traidores por aceptar los pagos del Gobierno y los 55 de la bancada chavista.

En estos cuatro años, la Asamblea Nacional se ha mantenido incólume a los zarpazos del régimen venezolano, que no solo reunió esfuerzos para desacreditarla, sino para perseguir, amenazar y encarcelar a una buena parte de los diputados opositores, desatando de esta manera, una estampida de muchos de ellos hacia el exilio, y otros en legaciones diplomáticas en Caracas. El desacato, según el Supremo venezolano, se dio luego que la oposición se negara a la decisión, e incorporara a tres diputados que representaban al estado Amazonas, luego de que se filtrara información sobre la presunta compra de votos y el TSJ ordenara apartarlos de la plenaria.

Retos del último año
El choque entre las instituciones del Estado ha estado siempre latente en Venezuela. En marzo de 2017, las protestas dentro del territorio venezolano comenzaron a tomar protagonismo para rechazar el desacato del TSJ, y la represión por parte del régimen no tardó en llegar. Los venezolanos, que no reconocen el Gobierno chavista, salieron durante más de 100 días a las calles para rechazar dos sentencias del TSJ, en las que se atribuía las funciones de la Asamblea Nacional y extendía los poderes de Maduro. La ONG Observatorio de Conflictos, indicó que 163 personas fueron asesinadas en 14 estados del país: 150 hombres y 13 mujeres; y 3.000 quedaron detenidas. El final de la ola violenta llegó con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio, en unas elecciones en la que la oposición estuvo ausente.

En enero de 2021 se vence la legislatura y se deberán renovar todos los escaños. Las elecciones están programadas para el último trimestre de este año, aunque el régimen venezolano insinuó varias veces en 2019 adelantarlas. Este 5 de enero, Guaidó iniciaría su segundo mandato, y será un año decisivo para su carrera. Con 36 años, el ingeniero industrial se estrenó como jefe del Parlamento el 5 de enero de 2019, y el 23 de ese mismo mes desafió al régimen de Maduro proclamándose como presidente interino. Desde entonces, le han abierto tres investigaciones, y su inmunidad parlamentaria ha estado amenazada.

De quedar reelecto, Guaidó tendrá que continuar con la ruta trazada para el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno transitorio y llamar a elecciones libres y transparentes. Tendrá también la tarea de recuperar la confianza de los venezolanos, que viven su peor crisis migratoria, con una economía inestable, en la que un dólar se cotiza en casi en la mitad del sueldo mínimo (73.000 bolívares).