Jueces y espías, botín del pulso entre CFK y Alberto Fernández

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La nueva Argentina de los Fernández (Alberto y Cristina) se parece bastante a la vieja del kirchnerismo aunque no es la misma. La de hoy asiste, empobrecida y en clima de revancha, al reparto -o conquista- de sibilinas cuotas de poder donde el botín de guerra es el control de jueces y espías. Los primeros tienen en su mano el futuro de la única mujer en el mundo que llegó a la vicepresidencia con una colección de procesamientos -y órdenes de detención- sin precedente en la historia universal. Los otros, los del servicio de inteligencia, son los dueños y custodios de las «carpetas» de «Alberto y Cristina», de los informes oscuros de políticos, magistrados y resto de los mortales que pintan algo en esta Argentina desdibujada.

Cristina Fernández ordenó una investigación sobre la actuación de Gabriela Michetti, su antecesora como titular del Senado, puesto indisoluble al de vicepresidente. De paso, pidió que se anulase «en forma urgente» la orden de detención en su contra en el marco de la causa de los «cuadernos de la corrupción» o del chofer, donde está registrado, de puño y letra de un conductor oficial, el circuito de sobornos «K» con nombres y apellidos (el suyo entre otros), confesados por empresarios arrepentidos. A su vez, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick anunció que se revisará el informe de Gendarmería Nacional que estableció que la muerte del fiscal Alberto Nisman (el que acusó a Cristina Fernández de encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA) fue un asesinato. La sucesora de Patricia Bullrich, en una Cartera de alta sensibilidad, también propuso revisar la actuación de este cuerpo de Seguridad en la muerte de Santiago Maldonado, un activista y artesano aliado de los mapuches que se ahogó en el río (no sabía nadar) al huir de los agentes tras cortar una carretera. El objetivo es reescribir la historia, según el guión de Cristina Fernández.

Gente peligrosa

El diputado Waldo Wolf no dudo al advertir, «estamos en manos de gente peligrosa», y exigió que se respete la división de poderes. La exministra Bullrich criticó a su sucesora al considerar que pretende imponer «la obediencia debida» para que «el subordinado haga lo que dice el jefe». Pablo Lanussee, exfiscal y actual abogado de la familia de Nisma, se negó a que Frederic remueva más la muerte de su colega cuando ya hay un informe realizado por orden judicial que determinó su asesinato.

Héctor Gambini resumía, con un afrase en «Clarín», el objetivo prioritario de la viuda de Néstor Kirchner: «… Licuar sus propios procesamientos, salvar a sus hijos y barrer a los jueces díscolos». Entre estos, el primero en la lista es el juez federal Claudio Bonadío. Impermeable a las amenazas y pese a estar en condiciones de ejecutar su jubilación, prefiere arriesgarse a un juicio político antes de abandonar las tres causas de Cristina Kirchner que tiene pendientes. «No va a descansar hasta que las eleve a juicio oral», observa una fuente de su entorno.

La expresidenta parece ir por buen camino para lograr su impunidad pero éste es largo y el banquillo la aguarda. En caso de que su plan se truncara, el presidente (ésta sería su única arma para controlarla) sería el único que podría salvarla con un indulto. Pero, la mancha sería indeleble y eso es, especialmente, lo que la viuda de Néstor Kirchner quiere evitar.

Para cumplir con una misión en la que se juega la vida en libertad, CFK, siglas por las que también se conoce a la mujer que más poder concentró en Argentina, ya tiene a su favor a la mayoría del Consejo de la Magistratura, equivalente al Consejo General del Poder Judicial, donde los jueces (los que la acusan y los que podrían hacerlo) cambian la butaca por el banquillo. El gremio judicial, en su mayoría bajo sospecha, entiende el mensaje. Antes de recibir una citación al patíbulo no sería extraño (sucedió hace pocos días) que la expresidente fuera sobreseída, si no en todas, en algunas de las causas más graves.

La vicepresidenta parece tener el control, por sí misma y a través de sus leales, de buena parte del Poder Judicial y, al menos de momento, también en Inteligencia, a través de la interventora, Cristina Caamaño. Presidenta de Justicia Legítima, el órgano «ultra K» de jueces esta pasando el rastrillo a «los servicios» que tienen, con los jueces, la llave del poder. El presidente, Alberto Fernández, no se anima a nombrar un titular todavía, extremo que se interpreta como parte de la «pulseada» que mantiene con su vicepresidenta.

En un resumen rápido, por ahora, se podría decir que ella gana terreno en esos campos claves del poder. Gambini lo resume, al recordar que el «Viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, era número dos de la ex SIDE (Secretaria de Inteligencia) cuando hallaron muerto a Nisman», que Carlos Zanini (procesado con la expresidenta en la causa de encubrimiento de AMIA) es hoy procurador del Tesoro (Abogacía del Estado) o que Daniel Rafecas, el juez que dio carpetazo a la denuncia de Nisman (sin tiempo material para leerla) será el flamante Procurador General de la Nación (Fiscal General).