El Gobierno de Ortega excarcela a casi 80 presos políticos

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El Gobierno de Daniel Ortega ha excarcelado a casi 80 presos políticos, que se encontraban en los centros penitenciarios de Chipote y en La Modelo, entre este domingo y el lunes, según informó el movimiento Unidad Nacional Azul y Blanco en las redes sociales. En su cuenta de Twitter señalaron que habían sido liberados 78, entre los que se encuentran la conocida como Banda de los aguadores. Este grupo, de alrededor de 15 jóvenes, fue detenido el pasado mes de noviembre cuando llevaban agua a las madres de presos políticos que hacían huelga de hambre en la iglesia de San Miguel Arcángel, en Masaya.

Entre los excarcelados se encuentra la líder estudiantil Amaya Coppens, que ya estuvo presa durante ocho meses y fue liberada con la ley de amnistía el pasado verano, que como al resto de compañeros de la Banda de los aguadores, fue acusada de tráfico ilegal de armas. El juicio estaba previsto para el 30 de enero. El proceso tanto contra Coppens estaba lleno de irregularidades y se habían «fabricado« pruebas falsas para detenerlos y juzgarlos, según explicaba a ABC el abogado de la líder estudiantil, Maynor Curtis, que afirma que el juicio se mantendría en pie. «Amaya esta a la orden de un Juez, pero no fue el juez quien la excarcelo, y eso es evidencia de que en Nicaragua el Poder Judicial, es solo un aparato de represión, pero que las ordenes las da el Ejecutivo, sin tomar en cuenta al poder judcicial».

Es preciso puntualizar que los presos no han sido liberados, sino excarcelados, cambiando cárcel por casa. «Nos hicieron firmar un documento donde nos otorgan el régimen de convivencia familiar, donde tenemos una serie de restricciones», explicaba uno de los presos excarcelados a su salida de prisión, Jesús Tefel, que indicó que los oficiales llegarona las tres de la mañana para despertarlos en sus celdas, recoge el diario nicaraguënse «La prensa».

A pesar de la Ley de Amnistía aprobada el pasado verano por el régimen de Ortega, que había permitido la salida de las cárceles de decenas de presos, todavía quedaban en ellas más de un centenar y medio de presos políticos, algo que el presidente sandinista no ha reconocido considerándoles presos comunes. La liberación de todos los presos polítivos fue la exigencia de la Alianza Cívica -plataforma que aglutina a la oposición- para seguir las negociaciones con el gobierno nicaragüense, algo que no se logró y no ha permitido avanzar en la pacificación social del país. La oposición sigue exigiendo la celebración de elecciones anticipadas -están previstas para 2021-, algo a lo que se ha negado de manera sistemática tanto el presidente Ortega como su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta del país.

En los últimos meses la presión internacional ha aumentado a través de sanciones, como las aplicadas por EE.UU., que han afectado a uno de los hijos de Ortega y a varias empresas que tienen vínculos con la familia. También la Unión Europea aprobó sanciones el pasado mes de octubre contra el Gobierno nicaragüense por la violación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición.

La crisis social y política comenzó Nicargua en en abril de 2018 tras la aprobación por parte del Ejecutivo de una reforma de la Seguridad Social que provocó semanas de protestas, que después desencadenaron un incremento de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y de grupos de paramilitares simpatizantes con el régimen sandinista. El balance fue de más de 300 muertos -alguna ONG local lo sitúa en casi el doble- y cientos de detenidos. También ha obligado a salir del país a más de 80.000 nicaragüenses.