Caso Tuárez: dónde están 26 detenidos

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El incierto paradero de uno de los detenidos en el caso que implica al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, desveló un aparente desacato judicial y, con ello, el desconocido destino que tuvo un grupo de procesados con orden de prisión preventiva.


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La jueza Marcela Ortega, de la Unidad Judicial Valdivia (sur de Guayaquil), dispuso -bajo prevenciones de ley- a los directores de cuatro centros carcelarios del país, que informen sobre el ingreso o traslado administrativo de 26 de los 32 detenidos, en el denominado operativo Emperador. La operación desbarató a una supuesta red delictiva que ofrecía cargos públicos a cambio de altas cantidades de dinero.

El requerimiento se hizo tras la respuesta que envió una coordinadora del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas Varones (la denominada Cárcel 4 de Quito), en atención a lo solicitado por la juzgadora, con respecto al estado de salud de Renata Jalkh, hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

Según la funcionaria, “la procesada no ha ingresado a ese centro”, respuesta que llamó la atención de la jueza Ortega, quien hizo la solicitud con base en la providencia que emitió el juez de Flagrancia, Marcos Guerra, dentro del proceso de asociación ilícita por presunto tráfico de influencias, que se inició en contra de 32 personas. El juzgador dispuso que 26 de ellas cumplan prisión en determinados centros carcelarios.

La jueza estableció un plazo de 24 horas para que los directores carcelarios le informen lo solicitado. Esto, en medio de la suspensión de la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por 16 procesados.


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La diligencia, que estaba prevista para la mañana de este jueves 26 de diciembre, se aplazó ante una amenaza de bomba que hizo evacuar todo el edificio de la Unidad Judicial Sur, de Guayaquil.

El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, informó en su cuenta de Twitter que se trató de una falsa alarma. El “escuadrón antibombas de la Policía del Ecuador realizó los operativos pertinentes y determinó que no hubo bomba en el Complejo Judicial Valdivia. Se registró el sitio y evacuó oportunamente al personal que se encontraba laborando en el lugar”. La autoridad provincial añadió que “se presume que esta amenaza estaría vinculada a la audiencia de Carlos Tuárez. Se ha dispuesto la investigación respectiva para dar con quienes estén detrás de esta amenaza”.

Mientras, la situación legal del exdirector nacional de Procesos Electorales, Luis Loyo Brusil, podría definirse hoy. La jueza Marcela Ortega dio paso al pedido que hizo el fiscal César Suárez, quien investiga el caso, y convocó a una audiencia de procedimiento abreviado.

La diligencia está prevista para las 10:00, y se espera que esté presente el procesado o, en caso de alguna imposibilidad, se desarrolle la audiencia por videoconferencia.