De unas 950 entidades públicas, 2 cumplen la guía antisoborno en Ecuador

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Bryan ofrecía el servicio de “moto taxi” a las 20:30 del 9 de diciembre por las calles de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, cuando un operativo policial y de tránsito interrumpió su marcha. Le pidieron documentos y al no mostrarlos, lo subieron a una grúa, junto a otras trece motos.

En el trayecto al canchón que tiene en Vergeles la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), cuenta Bryan en su denuncia, el vigilante Giancarlos C. C. y el chofer del remolque les pidieron $50 para bajar cada moto y devolverla a sus dueños.

De los 14 vehículos, cuatro no llegaron al centro de retención, según la denuncia. El agente de la ATM fue acusado de concusión o soborno, delito cometido cuando se acepta o pide una contribución a cambio de algún favor o trámite, y que se castiga con prisión de tres a cinco años. No obstante, el agente, hoy en libertad, alegó en el proceso: “Ninguna de las personas tomaron contacto conmigo, los policías son testigos”.

Casos como estos se presentan a diario, algunos se hacen públicos en redes sociales, y pocos los denuncian, porque esta práctica, como señala la directora de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, Noemí Mogollón, se considera equivocadamente como otro ‘modo’ de hacer un trámite.

En los portales de algunas entidades públicas se observa a los llamados tramitadores que ofrecen terminar en tiempo ‘récord’ gestiones o diligencias judiciales, de tránsito, municipales, tributarias, societarias…

Esto ocurre pese a que desde 2017 el Instituto de Normalización (INEN) acogió la norma antisoborno ISO 37001, guía que –explica su director, Germán Gallegos– “detecta, controla y previene” los riesgos de sobornos en los procesos de las instituciones.

A esto se suma el compromiso del Gobierno, que hace dos años declaró como política prioritaria el combate a la corrupción, un mal que solo en cinco proyectos estratégicos ha dejado pérdidas al país por $2000 millones, según la Secretaría Anticorrupción.

A esta entidad, creada en febrero pasado, el presidente Lenín Moreno dispuso que supervise la aplicación de la normativa ISO 37001 “en todos los niveles del Gobierno”.

Sin embargo, a la fecha, apenas dos de unas 950 entidades públicas –el Servicio de Contratación Pública (Sercop) y la Prefectura de Pichincha– tienen la certificación; otras, como el Banco Central, Petroecuador y Petroamazonas, cursan el trámite. “La ISO permite que la institución deje de ser vulnerable a la oportunidad de un soborno”, apunta Gallegos, y explica que si “no hay buenos controles, matrices de riesgo y debilidad del sistema, la gente comete acciones impropias”.

Una de ellas la cometió un juez de Pastaza que ofreció, en septiembre, $40 000 a otro juez para que ratificara la sentencia que él había dictado y que favorecía la construcción de una represa en el río Piatúa. La Policía lo detuvo y fue acusado de cohecho, delito por el que se recibieron 97 denuncias en la Fiscalía; por concusión fueron 233 y 184 por tráfico de influencias, de enero al 5 de noviembre.

“El riesgo está presente a todo nivel”, sostiene Silvana Vallejo, directora nacional del Sercop, primera entidad en certificarse tras un año de procesos. Ella agrega: “Ahora hay más control, no se deja pasar que haya, por ejemplo, un único proveedor (en contratación)”.

El Sercop ha revisado, dice Vallejo, 80 % de adjudicaciones y observado a la mitad por irregularidades. De ahí que advierte que las empresas públicas y municipios necesitan más supervisión, pues la mayoría de funcionarios que manejan las compras públicas “no tiene el perfil adecuado”. De 4600 evaluados, 16 % está calificado.

Municipio de Guayaquil sin certificación

El Municipio de Guayaquil, que de enero a octubre adjudicó $632 millones en obras, no ha iniciado aún el proceso antisoborno. “Está en análisis, aún no hay definición si se va a aplicar”, dice la secretaria general Martha Herrera, y refiere que desde 2011 un Comité de Ética evalúa cada tres meses las áreas y denuncias. Este año, asegura, solo han recibido una queja contra un funcionario de Aseo Cantonal que supuestamente pidió dinero para no multar.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, que en septiembre firmó un convenio para aplicar la norma, aclaró que no es una obligación legal, sino “voluntaria”.

Aunque no hay un plazo para que las entidades se certifiquen, la secretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez, cree que debe hacerse hasta mayo del 2021.

Esta Secretaría, asegura Ordóñez, asesora la aplicación de esta normativa, en una primera fase, en seis instituciones: Celec, CNEL, CNT, Flopec, Petroamazonas y Petroecuador. Se escogió a estas empresas, explica, porque manejan montos millonarios de contratación.

Para ello, desde este mes hay seis comités de integridad con tres especialistas. “Estos comités van a alertar cuando encuentren un eventual proceso de riesgo para un delito de corrupción”, refiere Ordóñez, y añade que se han identificado “pliegos direccionados y adjudicatarios elegidos a dedo”.

De las 123 entidades adscritas al ejecutivo, según cifras de la Secretaría, solo el Sercop está certificada. Otras 13 contrataron las auditorías, y las restantes 107 están en etapa inicial para aplicar la guía.

Testimonios

‘He pagado hasta $120 para que no me clausuren el local’

Un hombre ‘bien vestido’ se le ‘pegó’ a Juan, al entrar a una de las comisarías municipales, en el pasaje del cabildo, y lo acompañó –según su relato– durante el diálogo que tuvo con un abogado de esa oficina para gestionar una nueva prórroga en el trámite de obtención de la tasa de habilitación de su local de herramientas, en la vía a Daule, y la reducción de la multa (de $394 a $80) por no tener ese permiso.

Al salir, narró, el sujeto lo siguió hasta la esquina del Municipio, y le pagó $40. Este trámite, hecho en octubre, le resulta ‘normal’ a Juan, pues así –afirmó– lo abordan cada año que intenta, sin éxito, obtener ese permiso. “Ahora me dicen que la casa –donde está el local– está diferente a los planos que están asentados en el Municipio. Si eso me decían al principio, alquilaba en otra zona”.

Para que no le clausuren el establecimiento, aseguró, en una comisaría le pidieron $120, y él le pagó al intermediario.

Martha Herrera, secretaria del Municipio, reconoce que hay tramitadores y afirmó que ya tienen identificados a seis y que los están investigando. Pide que se denuncien estos casos.

Pedro, en cambio, aseguró que un funcionario le recomendó a un tramitador para sacar un permiso de construcción. “Me pidió $5000, pero di menos de la mitad”, dijo.

Dentro del Municipio supuestamente también se aceptan “dádivas”. Felipe, por ejemplo, afirmó que tras finalizar el trámite de una multa le preguntó al funcionario de una comisaría: ¿cuánto le debo? “Él me contestó $20”, aseguró.

‘Si quiere sacar rápido el carro es con plata… pagamos $500’

Ningún trámite de la Fiscalía cuesta, dice un mensaje pegado en varias paredes del piso 4 de la institución, ubicada en Antepara y 9 de Octubre. Sin embargo, usuarios y abogados afirmaron que en algunos casos, cuando ambas partes aceptan, “arreglan” para que los trámites se gestionen más rápido.

“Por una moto, el secretario (de un fiscal de tránsito) me pidió $150, pero era demasiado. Como no le dimos se demoraron 20 días”, aseguró un abogado que a mediados de noviembre le entregaron el documento sellado por la institución para retirar el vehículo de su cliente en el canchón.

Si hubiese pagado, aseguró, el trámite lo terminaba al día siguiente, de acuerdo a su experiencia en otros casos. Para los carros, si son accidentes sin víctimas, piden $300, añadió.

Luis, a través del abogado de su padre, afirmó que pagó $500 para el trámite que le ayudó a sacar el bus al día siguiente del siniestro, ocurrido en octubre.

Mientras, en los alrededores de la Fiscalía, según constató EL UNIVERSO, hay juristas que piden por el trámite de tránsito $450, $300, para “repartir al perito, secretario y policías”.

Otro abogado, en cambio, señaló que “hay fiscales difíciles” que no aceptan negociar.

“Se dicen muchas cosas, pero denuncias reales para proceder con las investigaciones no las tenemos”, dijo Noemí Mogollón, directora de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, quien pide a la ciudadanía que denuncie, por ejemplo, en el buzón de transparencia, creado este año.

‘Hay personas intocables, otras dicen arreglar por la vía legal’

Un importador que tiene su negocio en el centro de Guayaquil registraba en el Servicio de Rentas Internas (SRI) una deuda por más de $300 000 en impuestos este año, pero hace unos meses su deuda bajó 80 % porque, aseguró un trabajador de la institución, habría “arreglado” a través de un intermediario tributario con un supuesto funcionario de auditoría.

El trabajador público habría recibido a cambio, según contó, más de $10 000. “Le dijo qué documentos y cómo debía presentarlos para reducir la deuda”, comentó el empleado.

Este tipo de casos, de disminución de la glosa injustificada, es el riesgo de soborno que la directora nacional del SRI, Marisol Andrade, espera evitar con la certificación de la ISO antisoborno, la cual estiman recibirla en septiembre.

El SRI contrató hace un mes una consultoría por $47 000 para aplicar la normativa en el proceso de ‘gestión de cobro’. “(Esa área) involucra la etapa persuasiva, cuando el contribuyente refleja una deuda… se hace la gestión, llamando, visitando, enviando mail, mensajes de texto, pero si no cumple pasa a la etapa de coactiva”, indicó Andrade. En abril termina la consultoría y en julio se contratará la certificación, dijo.

En tanto, otros funcionarios del SRI aseguraron que se dan casos de preferencias para no controlar a ciertas personas y compañías: “Hay intocables, y personas que dicen que prefieren ‘arreglar’ en los tribunales distritales (donde suelen dar sobornos)”, contó un empleado tributario. (I)