El Gobierno argentino aplica un «shock» económico a las clases medias y jubilados

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Empezó con buen pie en el Congreso. Alberto Fernández, con apenas 10 días de Gobierno, logró aprobar un paquete de leyes, bajo el paraguas de emergencias a destajo (económica, social, sanitaria…), que concede enormes atribuciones al Ejecutivo, dispara los impuestos viejos, crea otros nuevos, paraliza las tarifas de servicios públicos, congela (con excepciones) las pensiones y entre otras medidas, grava con un 30 por ciento la compra venta de divisas. A efectos reales, el dólar, la única moneda en la que confían los argentinos.

Quince horas de debate y el apoyo de los diputados de los bloques del ex ministro Roberto Lavagna, el Gobernador de Córdoba, el peronista independiente Juan Schiaretti y algunos pequeños grupos provinciales, fueron necesarias para sacar adelante la ley «ómnibus» con la que estrena su gestión el sucesor de Mauricio Macri. Los legisladores de éste, agrupados en Juntos por el Cambio, intentaron resistirse al «paquetazo» al evitar dar quórum. Sus intentos fueron vanos.

La tramitación de las leyes contó con el bautismo -atribulado con los papeles- de Máximo Kirchner como portavoz del Frente de Todos. La suya formó parte de las 130 intervenciones que se registraron. Esto explica que la sesión se prolongará hasta el amanecer. La aprobación en general logró los votos de 134 diputados frente al rechazo de 110 de la oposición. Por la tarde, el Senado, presidido por su madre y ahora vicepresidenta y multiprocesada, Cristina Fernández de Kirchner, tenía previsto, -gracias a su mayoría en la Cámara Alta-, dar luz verde al proyecto cuyo objetivo es, «Poner a la Argentina de pie».

El presidente, Alberto Fernández, siguió por televisión buena parte de la sesión. En simultáneo a los debates, retransmitidos en directo, se informó que el «virtual default» (cesación de pagos) de Argentina se profundizó un paso más. El Gobierno «pateó» los vencimientos de 9.000 millones de dólares para finales del mes de agosto. En lenguaje diplomático, recurrente en la recta final del Gobierno de Macri, se trató de «reperfilar», mediante decreto de necesidad y urgencia, la totalidad de las letras del tesoro en dólares que vencían estos días.

«No existen extremos parecidos al 2002 para semejante proyecto con 11 delegaciones de facultades» al Ejecutivo, protestó el radical Mario Negri en el Congreso. El diputado rechazó cualquier paralelismo con la crisis de principios de siglo que sumió al país en la mayor depresión de su historia. En su alocución exigió al kircherismo dejar de ocultar, «la parte de la película en la que actuaron ustedes», en alusión a la herencia que, tras una docena de años largos de gestión, dejó el matrimonio Kirchner a Macri. «Es un impuestazo sin bajar gastos» que se sostiene en «el campo, la clase media y los jubilados», se quejó. Negri no se equivocaba en su apreciación, esos sectores son los más perjudicados con aumentos brutales en impuestos a los vehículos, patrimonio, ganancias y otros (previos) a exportaciones o importaciones, entre otros. Luciano Laspina, diputado del Pro, partido fundacional de Macri, lo ilustró: «ahora tenemos jubilados de primera y de segunda» porque «se excluyó -del congelamiento de las pensiones por 180 días- a docentes, científicos y jueces. No tengo nada contra ellos pero quiero sabe por qué un empleado público sí y otros no», protesto.

El banquero y diputado oficialista, Carlos Heller, justificó las medidas porque, «la realidad es dramática y no es una descripción exagerada, ya que es el país que se ha recibido», de manos de Macri. El ex gobernador de la provincia vitivinícola de Mendoza y presidente de la UCR (Unión Cívica Radical), Alfredo Cornejo, le atajó: «Acá no hay “tierra arrasada” (título de una especia de documental del ministro de Cultura Tristán Bauer sobre la gestión de Macri) ni tampoco hay y lo digo como integrante de Juntos por el Cambio, bases para crecer. Ni lo uno ni lo otro. No tenemos ningún derecho los dirigentes de este país, ni menos el Ejecutivo, para atribuirse ese carácter fundacional».

En ese contexto, Elisa Carrió, la diputada que está en vías de abandonar su escaño (anunció su retirada de la política) y que fue uno de los pilares de la estabilidad del Gobierno de Mauricio Macri, intervino para pedir, «que se ponga en conocimiento del Fiscal de turno para que se investigue la posible comisión del ilícito tipificado en el artículo 227 del Código Penal, que sanciona a quienes concedan al Poder Ejecutivo Nacional, facultades extraordinarias por las que la fortuna de los argentinos hubiera quedado a merced del Gobierno nacional…». Dicho de otro modo, que aquellos 134 diputados que votaron la renuncia de las competencias legislativas a favor del Gobierno de Fernández, podrían ser juzgados y condenados.