Lo que los independentistas catalanes no cuentan de Escocia: respeto a la ley por encima de todo

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El caso de Escocia ha sido una referencia recurrente para los independentistas catalanes en su pulso al Estado para lograr la segregación de esa parte del territorio español. Para ellos, el referéndum de 2014 en el que los escoceses se pronunciaron sobre la posibilidad de salir del Reino Unido marcaba el camino a España, a pesar de que se saldó con un no rotundo (55% frente a 45% de síes).

«Lo que vale para Escocia, vale para Cataluña», declaraba Carles Puigdemont en abril de 2017 a la cadena catarí Al Jazeera sobre la permanencia en la Unión Europea tras una hipotética independencia.

El propio Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, pidió ese mismo año junto con Oriol Junqueras, en aquel momento vicepresidente catalán y hoy condenado por sedición y el vicepresidente, un «referéndum acordado» sobre la independencia de Cataluña siguiendo la «vía escocesa». En un artículo publicado conjuntamente en El País, titulado «Que gane el diálogo, que las urnas decidan», acusaban al Gobierno de Mariano Rajoy por una supuesta «pulsión populista y simplona de resolver la diferencia mediante la prohibición, los muros y la discriminación» y hacían gala de su disposición al diálogo.

Tras el referéndum ilegal en Cataluña de ese mismo año y su posterior fuga a Bélgica, Puigdemont se desplazó en 2018 precisamente hasta Edimburgo
para participar en un coloquio y retomar lo que llamó «la actividad internacional para luchar por la libertad de la República Catalana».

Este jueves, al calor de las elecciones en el Reino Unido del pasado día 12, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha pedido formalmente al Gobierno de Boris Johnson la celebración de un nuevo referéndum de independencia, con el argumento de que los escoceses habrían dejado «muy claro» que no quieren que los saquen de la Unión Europea, en alusión a los planes para cumplir el Brexit el próximo 31 de enero. Su partido, el nacionalista SNP, logró en los comicios 48 de los 59 escaños en disputa en ese territorio británico.

Pero lo que los líderes independentistas catalanes no cuentan es el estricto apego a la ley de quienes encabezan el movimiento por la separación de Escocia del Reino Unido.

El referéndum sobre la independencia escocesa de 2014 se celebró después de que el primer ministro, David Cameron, firmara dos años antes con el entonces ministro principal de Escocia, Alex Salmond, el llamado acuerdo de Edimburgo, por el cual el Gobierno de Londres aplicaba el mecanismo que se conoce como Sección 30 para ceder por un plazo limitado de tiempo competencias al Parlamento escocés con las que llevar a cabo la consulta. En el Reino Unido no existe un texto constitucional único, sino que la Constitución consiste en una serie de leyes aprobadas a lo largo del tiempo. En el caso de España, la Constitución no prevé este tipo de votaciones por parte de las autonomías.

Los independentistas catalanes, y a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, optaron por organizar por su cuenta un
referéndum ilegal
el 1 de octubre de 2017. En ningún momento acudieron a las Cortes Generales a plantear una vía constitucional, como la empleada en 2005 por el lendakari Juan José Ibarretxe, que presentó en el Congreso su plan soberanista, finalmente rechazado.

Solicitud de competencias
Ahora la actual ministra principal de Escocia vuelve a solicitar la aplicación de la citada Sección 30 para que Londres le permita celebrar un nuevo referéndum, al entender que su gobierno ha recibido «un claro mandato» para ofrecer al pueblo la oportunidad de escoger sobre su futuro en un referéndum y que el Gobierno del Reino Unido tiene «el deber democrático» de reconocerlo.

Además, Sturgeon propone esta vez que Westminster le transfiera de forma permanente al Parlamento escocés los poderes para celebrar referendos de independencia. Junto con la presentación de un documento de 38 páginas titulado «El derecho de Escocia a elegir», anunció que, además de la transferencia limitada de poderes a través de la Sección 30, pedirá reformar la Scotland Act -la ley que fija las competencias del Parlamento escocés- de modo que en el futuro el Gobierno de Escocia no tenga que pedir permiso a Westminster para celebrar un referéndum.

El primer ministro, Boris Johnson, ha asegurado ya en más de una ocasión que no piensa autorizar un nuevo referéndum, ya que -en la línea de su antesora, Theresa May- considera que la cuestión de la independencia ya quedó resuelta en 2014 de forma clara. Este mismo jueves, tras la nueva solicitud de Sturgeon, ha insistido en que trabajará para «fortalecer la unidad» del Reino Unido -del que Escocia forma parte desde 1707- y que no permitirá que «se rompa» esa «sagrada herencia».

Nicola Sturgeon, que respeta de forma escrupulosa los procedimientos establecidos y acude puntualmente a las ceremonias reales en Londres, no ha mostrado en ningún momento su intención de saltarse la ley ni de convocar un referéndum ilegal.