La ministra principal de Escocia renuncia a un consulta ilegal como la de Cataluña

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Londres
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Junto con la carta en que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, envió al premier británico Boris Johnson solicitando permiso para un segundo referéndum de independencia, envió además un documento de 38 páginas que contiene un proyecto de ley que pide una «clara y democrática transferencia de competencias» para que sea el Parlamento escocés el que pueda convocar directamente la consulta independentista en 2020.

Sturgeon pretende que el Gobierno británico acepte una «orden de la sección 30 de la ley de devolución de competencias de 1998» que le daría al Parlamento escocés el poder de celebrar un referéndum y poner su legalidad fuera de toda duda, como sucedió antes del referéndum de 2014. Esta transferencia podría ser permanente, a través de una ley aprobada en la Cámara de los Comunes y para la cual Sturgeon envió el borrador, o de forma temporal. De hecho, la orden de la sección 30 se refiere a la Ley de Escocia que permite a Holyrood (el parlamento escocés) aprobar leyes en áreas que normalmente están reservadas a Westminster.

Estas órdenes se han utilizado 16 veces desde que se creó el Parlamento escocés delegado en 1999. Las órdenes de la Sección 30 pueden ser iniciadas por los gobiernos escocés o británico, pero requieren la aprobación de la Cámara de los Comunes, la de los Lores y el Parlamento escocés antes de convertirse en ley. Hay disposiciones equivalentes en la Ley de Gobierno de Gales de 2006 y la Ley de Irlanda del Norte de 1998.

Sturgeon ha manifestado muchas veces que no pretende seguir adelante sin una orden de la Sección 30 y por tanto descarta celebrar un referéndum ilegal similar al de Cataluña en 2017, pero si Johnson dice no, una opción es ir a los tribunales.