Prefecta Paola Pabón llega a Fiscalía para realizarse una valoración psicológica dentro de caso por rebelión

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Quito –

Cerca de dos horas le tomó a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, realizar la valoración psicológica que solicitó se le realice dentro del proceso penal que investiga el delito de rebelión.

La prefecta fue trasladada desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en Latacunga, hacia Quito no solo para la diligencia de valoración psicológica, sino también para una audiencia de testimonio anticipado que se realizará en la Unidad de Flagrancia, al norte de la capital, a las 14:00.

Además, desde las 15:00 un familiar y un abogado defensor de Christian G., Paola Pabón y Virgilio Hernández se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para hablar y consensuar sobre las medidas cautelares que se adoptarían para salvaguardar la seguridad de los tres procesados. El 6 de diciembre pasado la Comisión Interamerica de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de Pabón, Hernández y Christian G.

Las reuniones en la Secretaría de Derechos Humanos serán individuales y arrancarán a las 15:00 de este miércoles con el abogado y el familiar de Christian G., luego vendrán los cercanos de Paola Pabón, y finalmente serán recibidos el abogado y el familiar de Hernández.

Freddy Ron, uno de los dos abogados de Pabón, reconoció que hoy terminan los once días de vacaciones que le otorgó a la prefecta Pabón el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, pero afirma que se debe analizar el contenido y el alcance de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se establecería que el Estado ecuatoriano debe proveer de todas las instancia para proteger tres derechos: la libertad, la vida y los derechos políticos de los tres procesados.

Ron cree que Pabón no será separada del cargo.

Respecto a la reunión de esta tarde, el abogado de Pabón adelantó que en esa mesa de concertación harán saber de las vulneración que existen contra Paola Pabón y sobre la ineficacia que existe en la diferentes instancias del Estado para garantizar los derechos que han sido señalados en la resolución de la CIDH. (I)