El Supremo polaco alerta de que la reforma judicial puede sacar al país de la UE

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Corresponsal en Berlín
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El Tribunal Supremo polaco ha emitido un comunicado en el que advierte de que la reforma judicial impulsada por el partido gobernante, el nacionalista Ley y Justicia (PiS), que permitiría destituir a los jueces que hagan públicas sus críticas, contraviene el derecho comunitario e incrementará las tensiones entre Varsovia y Bruselas, hasta el punto de que Polonia podría verse obligada a abandonar la UE.

«La evidente vulneración del derecho comunitario llevaría con toda probabilidad a una intervención de las instituciones de la UE al entender que existe una infracción de los tratados europeos, lo que a largo plazo podría conducir a que Polonia deba abandonar la Unión Europea», señala la corte sobre un proyecto de ley que pretende aumentar la responsabilidad disciplinaria de los jueces y entre otras medidas incluye sanciones disciplinarias para los magistrados, incluido el despido, por cuestionar la legalidad de los nombramientos judiciales, algo habitual en los últimos meses a causa de la gran oposición a esta reforma.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, asegura sin embargo que su gobierno continuará con «firmeza» la reforma del sistema judicial y expresa su esperanza en que la Unión Europea acabe entendiendo «las ventajas y beneficios» de los cambios introducidos por su Ejecutivo. «Confío en que la ferocidad ideológica que impidió a los funcionarios de la Unión Europea ver las ventajas de esta reforma sea ya cosa del pasado», ha dicho Morawiecki.

Desde que el PiS inició en 2016 su polémica reforma judicial, las críticas desde la UE han sido constantes por sus contradicciones con el Estado de Derecho y porque supone un ataque a la separación de poderes y a los principios democráticos. Por este motivo, Bruselas activó en diciembre de 2017 el artículo 7 del Tratado de la Unión contra Polonia, que podría incluso llegar a privar a este país centroeuropeo del derecho al voto en la UE.

En esta línea, la Comisión Europea ha decidido llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE en septiembre de 2018 debido a las vulneraciones del principio de independencia judicial de la Ley polaca del Tribunal Supremo. En una decisión histórica, el Tribunal de Justicia Europeo paralizó de manera provisional hace un año la reforma del Tribunal Supremo en Polonia, pero el PiS volvió a ganar con mayoría absoluta las elecciones generales celebradas el pasado octubre y Morawiecki insiste en que el funcionamiento del poder judicial en Polonia es «ineficiente» y no se corresponde con el crecimiento económico que experimenta este país, por lo que justifica la reforma. «Todos deberíamos ser conscientes de esto. No puede ser que los casos lleguen a durar 8, 10 o incluso 15 años cuando tenemos más de 10.000 jueces en Polonia, la mayor cantidad en Europa después de Alemania, cuando Alemania tiene el doble de la población que Polonia», ha explicado.

Este proyecto de ley se debatirá el próximo jueves y viernes en el Parlamento polaco, donde el PiS cuenta con goza mayoría absoluta, si bien no la tiene en el Senado, lo que previsiblemente alargará el trámite. «La norma propuesta por PiS conlleva medidas represivas contra jueces y fiscales que actúen de acuerdo con la Constitución polaca y las leyes europeas, lo que exige que la sociedad polaca se oponga a esta ley», considera la Fundación Helsinki de Derechos Humanos.

Lech Walesa: «Falta de concesiones»

El expresidente polaco Lech Walesa, figura principal de la transición a la democracia y disidente contra el régimen comunista desde el sindicato cristiano Solidaridad, ha llamado a la población a salir a las calles masivamente para protestar contra la reforma en las manifestaciones que este miércoles han vuelto a convocar distintas organizaciones y asociaciones de en las principales ciudades del país para mostrar su oposición a este proyecto de ley. «No podemos permitir la destrucción de una justicia independiente, basta de concesiones», ha clamado el Nobel de la Paz en Twitter.

El líder y presidente del PiS, Jaroslaw Kaczynski, espera sin embargo que «este proyecto frene la destrucción de nuestro sistema judicial», al tiempo que denuncia como «anarquía», los últimos acontecimientos y protestas. Según su versión, lo que la reforma pretende es evitar que los jueces dictaminen que sus homólogos, nombrados por un panel designado por el partido, no sean independientes.