Investigados por supuesta rebelión elaboran respuestas para Secretaría de Derechos Humanos

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Quito –

“Les estamos respondiendo (a la Secretaría de Derechos Humanos), les estamos haciendo saber cuáles son las características de las sensaciones que tenemos de acoso, de estigmatización, de inseguridad. Nosotros sí cumplimos lo que nos piden y estamos entregando documentos por cada uno de los (tres) procesados”.

Esa es la respuesta que Fausto Jarrín, abogado del dirigente de la Revolución Ciudadana (RC), Christian G., adelantó que entregarían a la Secretaría de DD. HH., instancia que, junto con la Secretaría de Atención a Privados de Libertad, el jueves pasado habría enviado un oficio a su cliente, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y al integrante de la RC Virgilio Hernández, en el que les pedía que “digan cómo se van a sentir más seguros”.

La Secretaría está encargada desde el 10 de diciembre pasado de dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los tres procesados por rebelión. La CIDH hizo públicas las medidas solicitadas al Estado ecuatoriano el 6 de diciembre último.

La tarea se inició con la convocatoria a una reunión de coordinación con la Secretaría de Atención a Privados de Libertad y con el Ministerio de Salud. Posteriormente, se explicó desde la Secretaría de Derechos Humanos que se convocará a los representantes de los beneficiarios.

Jarrín señaló que el oficio “invita” a los procesados a plantear a la autoridad los mecanismos, las sugerencias, las denuncias que hayan motivado las medidas de la CIDH.

Cada uno, explicó Jarrín, responderá a ese oficio.

Ayer, debido a un documento ingresado en el que se informaba del cambio de abogado de Pabón, Patlova Guerra, presidenta de la Corte Provincial de Pichincha, difirió la audiencia en la que se resolverían pedidos para revocar la prisión preventiva contra la prefecta, Hernández y Christian G.

El abogado que representaba a Pabón era el exasambleísta Ramiro Aguilar .

La jueza no ha definido aún una nueva fecha.

Proceso

La fiscal general, Diana Salazar, explicó que aunque se diga que en el caso de Paola Pabón y Virgilio Hernández ellos están privados de su libertad por un tuit, eso no es cierto; apuntó que hay varios elementos y los procesados los conocerían.

Plazo

El Estado tiene plazo hasta el 21 para dar una respuesta oficial sobre las medidas. (I)