Abogados y familiares de procesados por rebelión se reunirán con funcionarios de Secretaría de Derechos Humanos

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Un familiar y un abogado por cada uno de los tres procesados por el delito de rebelión: la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el secretario de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández; y el dirigente de la RC, Christian G., mantendrán la tarde de mañana miércoles una reunión individual con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para consensuar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El lunes último las defensas de los tres procesados entregaron información en respuesta a un oficio enviado por la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Atención a Privados de Libertad en la que les pedían que “digan cómo se van a sentir más seguros”.

Fausto Jarrín, abogado de Christian G., adelantó que lo que estaban haciendo saber a las autoridades es sobre cuáles son las características de las sensaciones que tienen respecto a un supuesto acoso, estigmatización e inseguridad.

Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, señaló que como parte de esa respuesta los tres beneficiarios de la medidas cautelares emitidas por la CIDH notificaron a sus representantes legales y al familiar que participarán de la reunión. “Vamos a recoger la expectativa que ellos tienen sobre las medidas cautelares e inmediatamente se procederá a conciliar y consensuar estas medidas cautelares”, explicó Chacón.

La Secretaría de Derechos Humanos desde el 10 de diciembre pasado está encargada de dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de Pabón, Hernández y Christian G. La CIDH hizo públicas las medidas solicitadas al Estado ecuatoriano el 6 de diciembre último y dio un plazo máximo de 15 días para que se dé una respuesta oficial, es decir, el plazo termina el 21 de diciembre próximo.

La reunión entre las partes se dará justo el día en que concluyen los once días de vacaciones anticipadas que otorgó el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Pichincha a la prefecta Paola Pabón, quien es procesada por el delito de rebelión desde el 15 de octubre pasado. Sobre la funcionaria pesa una orden de prisión preventiva que la cumple en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.

Jarrín asegura que lo que están pidiendo en este caso es que se deje en libertad a los tres procesados para que así todos puedan defenderse en libertad en un proceso que, sostiene, “hasta ahora no existe una sola evidencia contundente de lo que se les acusa”.

Respecto a una posible liberación, Chacón aclaró que las medidas cautelares de la CIDH no hablan de la libertad de ninguno de los tres procesados, sino de que se proteja la vida y la integridad de los mismos. Además, explicó que no es potestad de la secretaría ni del Gobierno intervenir en decisiones que tienen que ver con la Fiscalía o los jueces. (I)