La Asamblea Nacional reclama respeto a su atribución fiscalizadora

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Quito –

En la Asamblea Nacional están en alerta por la “afectación a la independencia de funciones” que produce la decisión de un juez que aceptó una acción de protección para dejar sin efecto la resolución con la que se censuró y destituyó, mediante un juicio político, a cuatro exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por incumplimiento de funciones.

“Rechazamos el razonamiento jurídico del juez al solicitar requisitos de prejudicialidad y constitucionalidad previos para iniciar procesos de fiscalización, desconociendo la diferencia entre la justicia ordinaria y los juicios políticos”, cita un comunicado del Legislativo emitido ayer.

Si la Asamblea se resiste a reintegrar a Chalá, ella deberá acudir a la CC con una acción de incumplimiento. Y habrá que esperar a ver si la Corte de Manabí revoca el fallo de Ruiz”. Jorge Alvear, constitucionalista

Manuel Ruiz fue hasta el jueves juez de la Unidad Multicompetente de Santa Ana (Manabí). Fue destituido por el Consejo de la Judicatura por negligencia manifiesta en un caso relacionado con una acción constitucional dictada en el caso Petroecuador-Marzam.

Pero antes de irse aceptó una acción de protección planteada por la exvocal del CPCCS Rosa Chalá, censurada por la Asamblea en agosto, junto con Walter Gómez, Victoria Desintonio y José Tuárez.

Y dejó sin efecto la resolución de la Asamblea que los censuró, y ordenó la restitución inmediata de Chalá en el cargo.

Los actos legislativos no son susceptibles de acciones judiciales. Sé que hay gente a la que le cuesta leer hasta los periódicos, pero por leer no le va a salir sangre por los ojos”. Henry Cucalón, legislador PSC

El legislador Patricio Donoso (CREO) señaló que la Asamblea es el “primer poder del Estado, y es autónoma”. “Chalá no puede volver, la decisión es política, y nadie puede oponerse a ella”, aseguró.

Henry Cucalón (PSC) calificó al fallo de “una soberana estupidez” y enfatizó que los actos legislativos “no son susceptibles de acciones judiciales”.

César Solórzano (AP) recalcó que se tomó una decisión ‘política’, y “cada quien respetando su espacio”.

El jurista Gustavo Medina cree que debe respetarse la independencia de funciones, pues “no se trata de un acto administrativo simple, es un verdadero proceso que no tiene la condición judicial”.

Ocurrió un juicio político, cuyo pronunciamiento, estimo, sale del control constitucional porque eso afectaría al principio de independencia de funciones”. Gustavo Medina, constitucionalista

Para el constitucionalista Jorge Alvear, sí podía revisarse la decisión legislativa. Aunque estima que es la Corte Constitucional (CC) la que debe aclarar “el caos” jurídico.

Recuerda que la anterior CC dispuso que la acción debe plantearse en el lugar en donde se genera el acto o en el domicilio del afectado, pero se hizo en Manabí. Y el “juez debió acatar esa disposición”.

En todo caso, las partes deberán esperar el pronunciamiento de la Corte Provincial de Manabí, por las apelaciones presentadas. (I)