Aung San Suu Kyi, la Nobel de la Paz genocida

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Corresponsal en Asia
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Hace justo 28 años, el marido y los hijos de la política birmana Aung San Suu Kyi recogían en su nombre el premio Nobel de la Paz en Oslo. Ella no podía hacerlo porque estaba bajo arresto domiciliario por defender la democracia frente a los militares que anularon la victoria de su partido en las elecciones de 1990. De las dos décadas siguientes, se pasó 15 años confinada en su casa de Yangón (Rangún) sin apenas ver a su familia. Cuando su marido falleció en 1999, ni siquiera pudo despedirse de él. Por este sacrificio, Aung San Suu Kyi era admirada en todo el mundo como un icono de la lucha por las libertades.

Pero su reputación política ha quedado totalmente destrozada por su complicidad con la persecución en su país de la etnia musulmana rohingya (pronúnciese «rojinga»). Entre agosto y diciembre de 2017, más de 700.000 rohingyas cruzaron de Myanmar (nombre oficial de la antigua Birmania) al vecino Bangladés huyendo de las matanzas del Ejército. Calculando unos 10.000 muertos, un informe de la ONU denunciaba el año pasado este genocidio y pedía juzgar a seis altos cargos militares en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Esta semana, justo el mismo día en que su cumplían 28 años de la recogida del Nobel por sus hijos, Aung San Suu Kyi comparecía el martes ante los 17 jueces de dicho Tribunal por el caso contra Birmania presentado por un grupo de países musulmanes. Aunque «La Dama», como es popularmente conocida, no tenía obligación de acudir a La Haya, daba la cara por ser la figura más respetada de su país. Liberada en 2010 de su arresto domiciliario, Suu Kyi lideró el triunfo de su partido en las elecciones celebradas cinco años después, pero no puede ser presidenta por una restricción constitucional de los militares, que siguen conservando buena parte de su poder.

Operación antiterrorista

Aun así, y como consejera de Estado y ministra de Exteriores, Presidencia, Energía y Educación, la Nobel de la Paz es la auténtica «mujer fuerte» de Birmania y su representante internacional. A pesar de la abundancia de pruebas contra el Ejército («Tadmadaw»), Suu Kyi negó ante el tribunal el genocidio de los rohingyas, que definió como una «operación antiterrorista» en respuesta a la ofensiva que una guerrilla musulmana lanzó en agosto de 2017. Poco después, los refugiados rohingyas hacinados en los campos de la frontera con Bangladés contaban a ABC las atrocidades cometidas por el Ejército birmano, cuyos soldados entraron a tiros en los pueblos, matando a los hombres, violando a las mujeres y quemando sus chozas con los bebés dentro.

Aunque Suu Kyi reconoció que se habían cometido abusos, aseguró que los culpables habían sido castigados. Pero lo cierto es que los soldados acusados de cometer masacares han sido ya liberados de la cárcel y quienes más tiempo han pasado entre rejas han sido los dos periodistas de la agencia Reuters que desvelaron una de estas matanzas. Argumentando que «podría minarse la reconciliación por pasos que generen sospechas, siembren dudas o creen resentimiento entre comunidades que empiezan a recobrar la confianza», solicitó al Tribunal que retire el caso por genocidio. Al ser la corte superior de la ONU, un fallo contra Birmania podría acarrearle sanciones a su pujante economía, lo que Suu Kyi quiere evitar incluso a costa de su nombre.

En los últimos años, y pese a seguir contando con un apoyo mayoritario en su país, su imagen se ha resentido en el extranjero por sus críticas a los musulmanes, odiados sin disimulo en la budista Birmania. A los rohingyas, que la Constitución birmana no reconoce como uno de los 135 grupos étnicos del país, ni siquiera se les reconoce la ciudadanía aunque muchos nacieron allí y en su día apoyaban a Aung San Suu Kyi, que ha pasado de Nobel de la Paz a cómplice de genocidio.