Defensas de procesados en caso Sobornos 2012 – 2016 buscan desbaratar la teoría fiscal de cohecho

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Quito –

Con el pedido realizado por las defensas de los procesados en el caso Sobornos 2012-2016: Rafael Correa y Jorge Glas, para que ellos inicien hoy con la presentación de sus elementos para contradecir la acusación por cohecho hecha por Fiscalía y Procuraduría, debido a audiencias preestablecidas para la tarde de ayer, la jueza Daniella Camacho instaló el octavo día de audiencia preparatoria de juicio.

Una vez la fiscal general Diana Salazar y el procurador general Íñigo Salvador presentaron sus elementos de convicción para solicitar se emita un auto de llamamiento a juicio contra los 24 procesados: 22 en calidad de autores y dos como cómplices, ayer era turno de las defensas de los investigados para que contradigan la teoría oficial y anuncien las pruebas (periciales, testimoniales y documentales) con que cuentan para una eventual etapa de juicio. 

Aunque la lista de intervenciones arrancaba con el exsecretario Jurídico Alexis Mera, un pedido por temas personales hizo que el primero en participar en la reinstalación de ayer sea Carlos Cortaza, abogado del empresario Bolívar Sánchez, representante de la empresa Sanrib.

Para Cortaza, la acusación contra su cliente hecha por Fiscalía y Procuraduría, en base al artículo 286 del Código Penal (CP) vigente al momento de los hechos investigados, está “mal hecha” y no puede ser corregida en un auto de llamamiento a juicio. Cree que al ser la acusación deficiente, Camacho debe emitir un sobreseimiento para Sánchez.

Cortaza asegura que no solo el artículo 286 ya no existe y no sirve para sustentar ninguna acusación dentro del sistema de justicia, sino que también afirma que su cliente ni su empresa Sanrib han sido contratistas del Estado, ni tampoco Sánchez habría representado legalmente a la empresa asiática que habría sido investigada en este caso.

La defensa de la exministra María Duarte, Diego Correa, explicó que el delito de cohecho requiere de una promesa, oferta o entrega de un un privado a un funcionario público para realizar un acto, pero, a su decir, “hasta la presente fecha la Fiscalía no ha definido y no sabemos cuándo, cómo, con quién y a cambio de qué”.

Ese hecho, dijo Correa, vulnera y angustia a la defensa de Duarte, quien aseguró que existen pruebas como correos electrónicos entre las procesadas Pamela Martínez y Laura Terán, que dan cuenta de que Martínez, exasesora de Correa, se contactaba directamente con los empresarios.

El abogado criticó a la Fiscalía porque se ha acusado a todos del delito de cohecho tipificado en el artículo 286 del CP anterior, cuando, mencionó, ese artículo es aplicable solo a los funcionarios públicos, mientras que el artículo 290 de CP es el que tipifica el cohecho de los privados. 

“Ni la Fiscalía, ni la Procuraduría han observado todo el capítulo del Código penal en el que se tipifica el delito del cohecho”, aclaró Correa.

Un promedio de una hora demora la intervención de cada uno de los abogados de los procesados. Hasta el cierre de esta edición continuaba la diligencia. (I)