La líder estudiantil Amaya Coppens fue «golpeada» durante su detención y está en «aislamiento»

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«Lo que yo tuve que vivir no fue fácil. Pero no ha sido lo más duro que la gente ha tenido que vivir. Todavía no ha habido justicia para ninguno de los asesinados. Y la situación que estamos viviendo todos los nicaragüenses no es una situación normal. No es posible quedarte sin decir nada. Sí definitivamente volvería a salir. Y si tengo que volver a caer presa, pues ni modo». Esta declaración la realizó la líder estudiantil Amaya Coppens, de 25 años, pocas horas antes de ser detenida la semana pasada. (Al final del vídeo se ve el momento en que es detenida).

El jueves, la joven belga nicaragüense que estudiaba medicina cuando fue detenida la primera vez y que después fue expulsada de la facultad, volvió a ser encarcelada por el régimen de Daniel Ortega. Referente en la lucha contra la dictadura sandinista desde que comenzaron las protestas en abril de 2018, Coppens fue detenida el pasado jueves cuando, junto a otros miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), llevaba agua para las personas que se encontraban en la iglesia de San Miguel de Masaya, gran parte de ellas son madres de presos políticos que han decidido ponerse en huelga de hambre como medida de presión para exigir su liberación (el Gobierno de Ortega se comprometió a liberar a los presos políticos con la polémica Ley de Amnistía, pero aún quedan 135 en las cárceles).

Ante esta huelga de hambre y este nuevo gesto de protesta de la oposición, la Policía Orteguista sitió el templo, impidiendo la entrada de persona alguna y cortando la luz y el suministro eléctrico, según los medios locales. Algo que ha denunciado la oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU. Ante esto, Coppens y otra docena de personas se trasladaron hasta allí para ayudarlas. A la salida, los cuatro vehículos en los que viajaban fueron interceptados por la policía, al comprobar, según la denuncia de la fiscalía, que «transportaban de manera oculta e ilegalmente armas de fuego de fabricación industrial y artesanal, municiones y artefactos explosivos». El lunes la fiscalía informó que todos estaban acusados por el delito de «tráfico ilícito de armas».

ABC pudo contactar ayer con Diego Coppens, hermano de Amaya, que actualmente vive en México y que se ha convertido en el portavoz oficial de la familia. «Desde que está detenida mi hermana, mis padres han estado muy pendientes de llevarle comida porque si no lo hacen ellos no come. Ni siquiera están seguros de que le llegue la comida porque -explica por teléfono- todavía no han tenido ninguna información por parte de la policía ni de ninguna otra identidad». Amaya fue detenida el jueves a las 11,45 de la noche según la información de la acusación, ayer era martes.

Sin embargo, la madre de Amaya, Tamara, no ha dejado de movilizarse y hablar con los medios y organismos de derechos humanos sobre el caso de su hija. «Creo que a mi madre al final iban a permitir verla hoy (ayer martes)». Sobre la acusación, de tráfico ilegal de armas, Diego afirma que «el riego es que le vuelvan a abrir su expediente, con la misma acusación y el mismo proceso que quedó en el aire tras su excarcelación, porque en ningún momento el proceso judicial fue cerrado. No fueron anulados». Se refiere a cómo el gobierno aplicó la Ley de Amnistía aprobada por Ortega, muy polémica porque da impunidad a las fuerzas de seguridad por las muertes durante las protestas, más de 300. El hecho de que la causa anterior de Amaya no haya sido cerrada o anulada, supondría, según Diego, una vuelta a lo mismo: «La misma acusación falsa, los mismos testigos falsos y una condena de 15 a 20 años. Podemos esperar lo peor».

Sobre la situación de su hermana en la cárcel, explica que su madre supo que Amaya «está aislada. No está con el otro grupo de presos». También ha denunciado que su hija «fue golpeada en el momento de la detención. Alguién le informó de que tenía moratones. Siguen con la misma lógica de amedrentar y de meter miedo», subraya. Medios nicaragüenses denunciaban ayer que la líder estudiantil estaba siendo torturada, según información facilitada por su abogado. También organismos de derechos humanos del país.

Diego reconoce que al principio tenían la «esperanza» de que soltaran pronto a su hermana, «tal vez el fin de semana, porque esa la tónica ahora después de la excarcelación masiva de los jóvenes en junio y julio. Los detenían, los tenían dos noches en la cárcel y los soltaban. Ahora no. Los están presentando con acusaciones que van a proceso, y esto se puede alargar».

En cuanto a la acusación de que llevaban armas en los vehículos, Diego no la cree. «Está muy claro que estaban llevan agua a las madres en huelga de hambre en Masaya, y que estaban rodeados por la policía. Es una locura. Cómo van a entrar a este perímetro supervigilado por la policía con armas. Es la misma dinámica que la primera vez que la detuvieron con su compañero Sergio -recuerda-. No les costó nada ponerles unas escopetas y otras armas. Nadie les cree. Ya nadie les cree», en referencia a las acusaciones que la autoridades orteguistas han endosado a los disidentes para poder encarcelarlos. Y subraya que «nuevamente vemos la complicidad y la subordinación de las instituciones judiciales, la fiscalía que está prestándose a las mismas órdenes de siempre».

También se refiere a otras de las personas detenidas, Olga Valle, con la que su hermana estuvo en Ginebra el pasado mes de septiembre en la sede de la ONU, «denunciando la situación en Nicaragua», y donde se reunió con Michelle Bachelet. Al resto del grupo detenido dice que no lo conoce, lo que para él parece una buena señal «porque no siempre son los mismos, son nuevos jóvenes que se están sumando, de diferentes estratos sociales y diferentes lugares. Ellos van a intentar decir que mi hermana es la líder del movimiento, que es la jefe, y nada de eso. No funciona así la cosa».