La presidenta interina de Bolivia da más poder a la Policía ante las protestas

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No hay tregua en Bolivia. Los indicios eran suficientes para pensar que se podía entrar en una etapa de calma pero la realidad impone un escenario de más violencia y tensión. Al cerco a La Paz de los campesinos cocaleros y columnas del MAS (Movimiento Al Socialismo), que siguen leales a Evo Morales, se sumó una decisión polémica de Jeanine Áñez. La ex vicepresidenta del Senado y presidente interina, designada en una fórmula in extremis, tras la dimisión en cascada de la línea de sucesión presidencial, firmó un decreto que exime de «responsabilidad penal» a las fuerzas de seguridad del Estado que usen la violencia «proporcionada» en «legítima defensa», para reducir a los grupos que insisten en sembrar el caos.

El artículo 3 del decreto 4078 firmado por Áñez y su Gabinete desató la furia de la turba que clama, «que la presidenta autoproclamada pida perdón de rodillas y renuncie». La norma, en rigor, reza: «El personal de las FF.AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones actúa en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad…»

Relatos enfrentados

La lectura de este decreto es radicalmente opuesta entre los bandos enfrentados. Para el Gobierno y buena parte de la sociedad civil, la medida era necesaria. Dicho de otro modo, no hay otro camino para frenar las huestes organizadas y con los bolsillos llenos, de «masistas» y miembros de las federaciones de coca del trópico de Cochabamba, que asedian la Paz y siembran el terror en Bolivia. Para los leales a Evo Morales, al frente de esas seis federaciones desde hace más de veinte años, incluso siendo presidente de Bolivia, el decreto significa una especie de licencia para matar que abre la veda para dar caza a los que hasta hace un mes le seguían ciegamente y ahora, a su juicio, se defienden en un contra ataque a lo que consideran un golpe de Estado. Infiltrados entre estos, policías y soldados han descubierto grupos de venezolanos que con «falsos médicos cubanos», serían el cerebro de la estrategia que tiene como objetivo derrocar a un Gobierno a medio hacer y facilitar el regreso del ex presidente que reconoce haber renunciado.

«Está probado que hay extranjeros con armamento letal, gente de afuera que viene a matar bolivianos. Este es un decreto de excepción que no se daría en un marco pacífico», insistió el ministro de Defensa, Fernando López. En declaraciones al diario «PáginaSiete», López justificó la medida, «es lo correcto, estamos cumpliendo una función constitucional, nos estamos defendiendo de una agresión. Por qué tendríamos que ser procesados si estamos defendiendo la vida de los bolivianos. Lo complicado sería que no tuviéramos ese decreto».

Sin ahorrar en explicaciones, el ministro observó: «El espíritu de este decreto es que nosotros respondemos sólo y tan solo (cuando) haya una agresión armada y de manera proporcional» a la acción de «las fuerzas armadas de la otra parte. Nosotros -puntualizó- vamos de manera persuasiva para resolver los conflictos, no de manera agresiva». Advertido del número de muertos (23 y más de cien de heridos), el ministro reiteró, «se tiene que investigar cómo se dieron esos fallecimientos» porque los «militares no dispararon una sola bala».

La presencia de cubanos y venezolanos en el país forma parte del paisaje boliviano desde hace casi catorce años. Esto es, desde que Evo Morales ganó las primeras elecciones. La OEA tenía sobrado conocimiento de estos. La novedad, detectada durante al auditoria de las elecciones en las que comprobó el fraude cometido por el Gobierno de Evo Morales, fue la presencia de «dos espías argentinos en la misión de la auditoria. No eran técnicos con capacidades electorales. Es un despropósito. Eso, no se hace, es inmoral», declaró en entrevista al periódico mexicano «Excelsior» el secretario genera de la OEA. Luis Almagro denunció un intento por parte de los argentinos de desvirtuar el informe final de las elecciones e incluso reemplazarlo por otro. «Había mucha información confidencial, con pruebas testimoniales y personas a las que había que proteger. Esa información no la puede estar agarrando cualquier persona», advirtió alarmado.

En la misma entrevista Almagro recordó que Evo Morales pidió mantener en secreto el resultado de la auditoria de las elecciones. «Así no es como funciona. Hay que hacerse responsable de lo que uno hizo», reflexionó antes de preguntarse: «¿Cuántos procesos más quería (Morales) hacer como ese? Eso tenía que parar ahí».

«Que los ricachos se mueran de hambre… Queremos la cabeza de Mesa (Carlos) y Camacho (Luis Fernando)». Las consignas de las columnas que cercan La Paz buscan revancha contra los líderes de la protesta por el golpe a las urnas que asestó Evo Morales. En su mayoría indígenas, el asedió a La Paz está provocando el estrangulamiento de la población. «Hay escasez de víveres y el bloqueo impide el suministro de combustible», observa en conversación telefónica la escritora y miembro de la Académica Boliviana de la Lengua, Verónica Ormachea. «Tuve que comprar huevos “clandestinos”. Me los vendieron al triple del precio habitual», detalla.

Reforzar la estrategia

Versión siglo XXI del cerco a La Paz comandado por el indígena Túpac Katari en marzo de 1871, el objetivo es que los «káras» (blancos) no reciban ni un grano y los vehículos de las Fuerzas Armadas se queden con los tanques secos. La estrategia tiene previsto reforzarse y ampliarse a los largo de la semana hasta que las columnas masistas recuperen la «Casa Grande del pueblo», la torre que ordenó construir Morales durante su mandato y transformó en sede del Ejecutivo y vivienda con lujos de «ricacho». Una vez ganada esa batalla, -según sus cálculos- el regreso desde México de Evo Morales pondría punto y final a una virtual guerra que, pese a las apariencias, tienen difícil ganar.