Juez cambia delito a investigar en ataque registrado en Contraloría, en octubre pasado

0
100


Sabotaje, destrucción de registros y paralización de un servicio público, en concurso real de infracciones, son los delitos por los que ahora el fiscal de Pichincha, José Córdova, investigará a los 27 adultos detenidos al interior de la Contraloría General del Estado (CGE), lugar en donde se registraron actos violentos, el 12 de octubre último, que terminaron en destrucción e incendios que afectaron la estructura del edificio.

Desde el 13 de octubre pasado, a todos se les inició una instrucción fiscal de 30 días por el delito de terrorismo, pero al existir nuevos elementos de convicción Córdova decidió cambiar su acusación por los tipos penales de: sabotaje, destrucción de registros y paralización de un servicio público.

En la diligencia, el juez de la causa decidió además cambiar la orden de prisión preventiva que pesaba sobre 14 de ellos y en su lugar determinó que debían presentarse cada ocho días ante las autoridades judicial en sus provincias y también tienen prohibición de salida del país. Los restantes 13 procesados ya mantenían la medida cautelar de presentación periódica.

El acto violento por el que se procesa a los 27 investigados se dio durante las manifestaciones contra las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Lenín Moreno.

Para Ernesto Pazmiño, abogado de tres de los procesados, el cambio de medida cautelar para los 14 ciudadanos que en mayoría serían indígenas, fue una decisión correcta, pero aclara que no entiende por qué el fiscal reformula cargos si no hay ningún elemento nuevo que evidencie que existen estos nuevos delitos imputados.

Los abogados de los procesados aseguran que Fiscalía presentó versiones imprecisas de los policías que participaron, un parte policial y un video; es decir, sostiene Pazmiño, los mismos elementos con que formuló cargos por terrorismo.

El expediente fiscal al momento poseería 13 cuerpos de investigación en los que incluiría información nueva relacionada a la versión de la compañía privada que aseguraba el edificio de la CGE y una pericia que señalaría que lo que andaban a llevar los procesados serían voladores y gasolina.

“Con eso imposible que se pruebe lo que quieren acusar. Al final se le va a volver a caer a Fiscalía el caso de sabotaje”, aseguró Pazmiño.

Para la abogada Mariana Yumbay, defensa de Lenín Yumbay, la Fiscalía tiene 30 días más para investigar de forma objetiva y determinar realmente “quiénes ingresaron, quiénes destruyeron y quiénes incendiaron” el edificio de la Contraloría durante las manifestaciones de octubre pasado.

“Lo importante es que los procesados van a poder defenderse en libertad. Nuestros jóvenes van a poder estar libres, seguir con sus estudios y estar en su entorno familiar”, apuntó Yumbay. (I)