Pueblo Sarayaku pide al Estado que limpie explosivos de sus territorios

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Más de 1400 kilogramos de pentolita (explosivo) permanece aún en el territorio Sarayaku (Pastaza) pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió en el 2012 su retiro.

La mañana de este miércoles, Miriam Cisneros, presidenta del Pueblo Sarayaku presentará una demanda ante la Corte Constitucional (CC) por incumplimiento de la sentencia de la Corte internacional, en la que se condenó al Estado ecuatoriano por violación a la consulta previa, libre e informada para otorgar la  concesión del bloque petrolero 23.

Según Cisneros, el Estado ha cumplido parcialmente lo determinado por la Corte, por lo que entre lo pendiente está el retiro de este material explosivo que usaba la empresa petrolera argentina CGC para explorar crudo años atrás. 

Además exigen que se realicen consultas previas a la población para iniciar un proceso exploratorio.

El abogado de la comunidad nativa, Mario Melo, explicó que en un área de 20 kilómetros del pueblo permanecen aún 1476 kilogramos de pentolita, que corresponden a no menos de una tonelada y media del material.

Dijo que desde el 2012 se emitió la sentencia el Estado, se cumplió con la indemnización de $ 1 400 000 a la comunidad de alrededor de 1200 habitantes; y, se ofreció las disculpas públicas. 

Jaime Vargas expresó el respaldo de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie) hacia el pueblo Sarayaku, y dijo que incumplir con las sentencias es “un acto irresponsable de los gobiernos de turno”, y por ello, “van a seguir reclamando en sus territorios”.

“Y para seguir reclamando, convocamos a la gran unidad. Esa unidad con mucha fuerza, unidad para defender los espacios de vida, como es el territorio, por eso la Conaie apoyamos y vamos a estar vigilantes dando seguimiento de estos procesos, que se han ejecutado, las sentencias a favor de las nacionalidades”, afirmó Vargas, y previno de que estarán movilizándose desde sus territorios para que el régimen los escuche y dé “oído a sus pueblos”. 

En junio del 2012, la Corte IDH sentenció al Estado ecuatoriano por la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada de dicha comunidad, al concesionar el bloque petrolero 23. Además se declaró la violación del derecho a la vida e integridad física de sus miembros. 

En diciembre del 2016 -según el Pueblo Sarayaku- un equipo de la Corte realizó una audiencia de supervisión sobre el cumplimiento de la sentencia en la que había evidenciado el incumplimiento del retiro de los explosivos, de la efectiva realización de la consulta previa, antes de realizar nuevos proyectos; y de adoptar medidas legislativas, administrativas para hacer efectivo el ejercicio de la consulta previa en sus comunidades. (I)