Éxito del paro nacional en Chile, donde continúan las protestas

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Santiago de Chile
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Las movilizaciones y protestas del martes en Chile, consideradas entre las más masivas realizadas en las cuatro semanas de la crisis social y política que sacude al país iberoamericano, dejaron también un registro de numerosos actos de violencia, saqueos y vandalismo que pusieron en tensión y empujaron a tomar nuevas decisiones al presidente, Sebastián Piñera, y su equipo de ministros más cercanos.

El paro nacional, convocado por un amplio arco de movilizaciones sociales, tuvo una notoria acogida en la población, que dejó de asistir al trabajo, no envió a los niños a las escuelas y paralizó los servicios públicos. Las demandas fueron las mismas: medidas socioeconómicas que disminuyan la desigualdad, principalmente alza de salarios y de pensiones, reformas estructurales y la elaboración de una nueva constitución política.

Las marchas y manifestaciones a lo largo de todo Chile finalizaron al terminar la tarde con agudos enfrentamientos con la Policía que, según sus registros, generaron casi 400 focos críticos, con 341 heridos y ataques a 19 cuarteles policiales y militares, entre estos últimos contra la Escuela de Ingenieros Militares del Ejército en el puerto de San Antonio.

Los graves hechos pusieron en la agenda del Gobierno otra vez la posibilidad de declarar el «estado de emergencia», pero la idea perdió fuerza por las encontradas apreciaciones que existen en el propio gabinete presidencial, así como en las diferencias que se han evidenciado entre los partidos oficialistas, ya que volver a sacar a los militares a las calles impediría cualquier diálogo político con la oposición para buscar una salida a la crisis.

Desde el domingo, el gobierno de Piñera puso en la mesa el cambio constitucional como su principal carta en la búsqueda de una solución a la crisis política. La oposición respondió con un acuerdo amplio que por primera vez desde el inicio del gobierno de Piñera la mostró unida, en una declaración en la que postulan la realización de plebiscito y una asamblea constituyente.

La noche del martes, el presidente Piñera respondió con una propuesta de un «pacto por la paz, la justicia y un acuerdo constitucional», que supone poner fin a los actos de violencia, la aprobación en el Congreso de las medidas económicas y sociales, y concordar un camino para la nueva Carta Magna «en el marco de la institucionalidad», que no contempla la asamblea constitucional como mecanismo.

Cómo terminar con la violencia es un punto que también provoca controversias entra los partidos oficialistas. El diputado Mario Desbordes, presidente del oficialista Renovación Nacional, el partido más grande que apoya a Piñera, es enfático: «No me parece exigir el término de la violencia para conversar. Es al revés, la violencia va a terminar en la medida que aislemos a los violentistas y los vamos a aislar en la medida que conversemos y lleguemos a un acuerdo».