Morales se esconde en Chapare, su principal bastión político, y denuncia una orden de arresto en su contra

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Bolivia no dejó que el fraude electoral le arrebatara su democracia. Horas más tarde de haber renunciado a la presidencia, tras comprobarse una gigantesca manipulación electoral, Evo Morales denunció una orden de arresto en su contra presuntamente en manos de un oficial de la Policía que tenía instrucción de ejecutar la orden. No le faltó tiempo para cargar contra la derecha que ha acusado de «golpistas» y de «destruir el Estado de Derecho del país».

El líder cívico Luis Fernando Camacho, que tras los acontecimientos de las últimas semanas ha saltado a la esfera política nacional, confirmó lo que ya había adelantado el exmandatario: «Confirmado!! orden de aprehensión para Evo Morales!! La policía y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar donde se escondió. Los Militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el Chapare, van por él!».

Evo, como lo llaman sus seguidores bolivarianos, se refugia en Chapare una de las 16 provincias del departamento de Cochabamba, una ciudad ubicada en el centro del país con una población de 393.408. Es una zona por excelencia cocalera y bastión político de Morales quien dio su apoyo al crecimiento y la producción de la coca en la región. Ayer desde allí señaló que varios grupos violentos asaltaron su domicilio.

Camacho ha pedido a los bolivianos seguir con los paros y las medidas de presión durante al menos otros dos días para que se pueda recobrar la estabilidad política del país. Asegura que habrá juicios contra Morales y otras autoridades de su Movimiento Al Socialismo (MAS). El candidato opositor Carlos Mesa, en cambio, con un perfil más político y equilibrado instó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a «garantizar y preservar el orden en todo el territorio» por un riesgo importante de hechos violentos provocados por la gente del MAS.

La presunta comisión de delitos electorales del pasado 20 de octubre ya tiene a sus dos primeras víctimas, la Policía boliviana detuvo el domingo por la noche a la presidenta y el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Maria Eugenia Choque y Antonio Costas, después de que ambos renunciaran a sus respectivos cargos, uniéndose a la cascada de dimisiones de cargos afines al Ejecutivo de Morales. El arresto se ha producido siguiendo las órdenes emitidas por el Ministerio Público, según ha indicado la agencia de noticias boliviana ABI.

Como se esperaba, una decena de altos cargos han renunciado, entre ellos el vicepresidente, Álvaro García Linera, que lo hizo con la misma inmediatez que el presidente de la Repúbica; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; y los ministros de Minería, Deportes, Hidrocraburos, Medio Ambiente y Agua, y Economía. A esa lista se le unen diputados y viceministros del seno del Gobierno.

Ante el vacío de poder en Bolivia, el poder Legislativo debe reconducir el rumbo del país. La Constitución de 2009 estipula que ante la ausencia del presidente, el presidente del Senado será quien lo reemplace en el cargo. En caso de impedimento, recaerá en el presidente de la Cámara de Diputados que deberá convocar elecciones en un plazo de 90 días.