Piñera anuncia una nueva Carta Magna para acabar con la protesta

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Corresponsal en Santiago de Chile
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«Hemos acordado iniciar el camino, el proceso para avanzar hacia una nueva constitución», dijo la pasada noche del domingo el ministro de la Presidencia de Chile, Gonzalo Blumel, luego de reunirse por tres horas con el presidente chileno, Sebastián Piñera, y los principales dirigentes de Chile Vamos, la coalición de partidos de derechas que ha dado sustento al Gobierno y que afronta una fuerte crisis política y social desde hace tres semanas.

Junto con reconocer que «ha sido una demanda fundamental de la ciudadanía», el ministro dijo que el «mejor camino» es que el proceso se radique en «un congreso constituyente» con amplia participación ciudadana, además que contemple un «plebiscito ratificatorio» una vez redactada la nueva carta constitucional. El congreso constituyente supone otorgar poderes especiales al Congreso Nacional, el cual debería abrir canales para el debate en la población. Aunque no entregó plazos, Blumel indicó que la iniciativa «no es prudente tenerla abierta permanentemente; queremos trabajar con urgencia, pero también con responsabilidad».

La demanda de una nueva constitución ha sido un reclamo recurrente desde hace décadas, pues la que existe actualmente en Chile fue elaborada en 1980, durante la dictadura militar del fallecido general Augusto Pinochet. Desde entonces, se han realizado unas 200 modificaciones, la última y más importante en 2005, cuando se acotaron las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, se eliminaron los senadores designados y vitalicios, así como la firma del propio exdictador. El actual cuerpo legal, aunque lleva la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos, asigna al Estado un rol subsidiario y no incluye derechos sociales, como ahora reclaman los chilenos.

Críticas al proyecto

El anuncio del gobierno de Piñera encontró detractores de inmediato, incluidos algunos parlamentarios de su propio sector. El senador del oficialista partido Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, dijo que «sinceramente los parlamentarios no tenemos la credibilidad, el Parlamento no la tiene ni nosotros tampoco para hacer algo sin una participación más activa de la comunidad», al referirse sobre la idea de otorgar poderes constituyentes al actual Congreso.

El mecanismo propuesto por Piñera tampoco encontró consenso en la oposición. Junto con valorar el «paso dado» hacia el cambio constitucional, el presidente del socialdemócrata Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, reclamó por un mecanismo que garantice la participación de la ciudadanía, por lo que descartó que el proceso pueda quedar radicado en el Congreso. Similar posición adoptó el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara baja, Matías Walker, de la Democracia Cristiana, que dijo que no le «gusta la figura del Congreso Constituyente, prefiero hablar de la convención constitucional, que fue la terminología que ocupó el proyecto del gobierno de la presidenta Bachelet».

Los izquierdistas Frente Amplio y los partidos comunista y socialista, mientras tanto, insistieron en convocar a un plebiscito que consulte sobre el mecanismo, y proponen tres opciones: congreso constituyente, como quiere el gobierno; Convención Constituyente, que supone un cuerpo de parlamentarios más delegados elegidos por votación popular; o asamblea constituyente, generada por voto popular y sin otro mandato que no sea redactar un nuevo cuerpo constitucional. El proceso se cerraría con un plebiscito para aprobar la nueva carta política.

Cadem, una empresa que realiza encuestas para el gobierno, difundió este lunes que el 78 por ciento de la población apoya elaborar una nueva constitución, mientras que un 54 por ciento respalda que sea a través de una asamblea constituyente. La propuesta gubernamental, en tanto, tiene -según el sondeo- un apoyo de solo un 11 por ciento, mientras que la propuesta de una redacción totalmente nueva de la carta magna y desechar la vigente consigue un 52 por ciento de respaldo.

Derechos humanos

Por otro lado, el Gobierno de Chile aceptó ayer la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar en terreno la situación del país, donde se registran centenares de denuncias de violencia policial excesiva en el marco del estallido social de las últimas semanas. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo en declaraciones a los periodistas que enviará una invitación al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, para que «venga lo antes posible a definir los contenidos y la oportunidad de esta visita».