Participación ciudadana con altos y bajos en estos 40 años de democracia

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Durante la dictadura militar se reprimió duramente la protesta social y el movimiento obrero estuvo limitado por decretos que coartaron la huelga o la sindicalización y establecieron drásticas sanciones (como el retiro de la personería jurídica a los gremios). Con el retorno a la democracia y la vigencia de la Constitución de 1979 se abolieron normas antiobreras y se reactivó un reclamo popular que en estos 40 años ha dado paso a nuevas reivindicaciones y también a tropiezos.

La movilización popular y la organización en cámaras, sindicatos, agrupaciones indígenas o colegios profesionales, dice el historiador Enrique Ayala, es una de las formas de participación ciudadana, que se suma a las elecciones o a la intervención directa en cabildos abiertos de los municipios y las comisiones legislativas.

Según Iván Castro, experto en derecho constitucional, las constituciones de 1979, 1998 y 2008 marcaron el paso de una democracia representativa a una participativa. Destaca, entre otros hitos, la consulta popular para casos específicos, la revocatoria del mandato, la creación de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, y la participación como una garantía constitucional.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dice que las herramientas de participación que se incorporaron en la Constitución del 2008 fueron solicitadas por grupos de la sociedad civil.

Para Lourdes Tibán, representante en el Foro permanente de Naciones Unidas para cuestiones indígenas, la verdadera expresión de la democracia fueron los levantamientos indígenas que incluso provocaron la caída de gobiernos. Sostiene que el levantamiento del 90 marca un antes y un después en la vida política del movimiento indígena.

En el ámbito de participación ciudadana también aparecieron las organizaciones de mujeres, ecologistas, defensores de los animales y LGBTI. Priscila Carbo, especialista en derechos humanos, indica, por ejemplo, que la lucha LGBTI tuvo tres momentos históricos: la despenalización de la homosexualidad en 1997, la igualdad ante la ley en la Constitución del 2008 y el reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo por parte de la Corte Constitucional el 2019.

Anunzziatta Valdez, defensora de derechos de la mujer, resalta logros como las leyes que sancionan la violencia contra la mujer y la creación de comisarías especializadas. Y rol que tuvo la primera Comisión de Control Cívico de la Corrupción, creada en el 1997, y que cerró cuando empezó a regir la Constitución de Montecristi. En 2015 fue reactivada; sus miembros enfrentaron denuncias y una querella por calumnias durante el régimen de Rafael Correa.

Ayala dice que la propia resistencia al correísmo es un avance porque “cuando tenían todo el poder y podían arrasar y atropellar hubo gente que se fajó y esa es una forma de participación ciudadana”.

Pero esa acción política de las organizaciones de la sociedad civil también ha tenido momentos críticos, pues en los diferentes gobiernos hubo, con diferente intensidad, represión a las protestas en las calles.

Uno de los momentos de mayor conflicto se dio durante la administración de Correa, por la falta de independencia de las funciones del Estado y por el control de la participación ciudadana desde el Ejecutivo. Por ejemplo, con los decretos 16 y 739, que establecieron nuevos requisitos de funcionamiento para las organizaciones de la sociedad civil, por lo que estas denunciaron restricciones a la libertad de asociación.

Ambos decretos fueron derogados en el gobierno de Lenín Moreno, aunque muchas agrupaciones expresaron que tales reformas no garantizaban aún su participación sin condicionamientos.

“Ningún gobierno ha sido santito. Todos han tratado de frenar la participación popular. Pero en el de Correa la arremetida fue increíble”, recuerda Mesías Tatamuez, dirigente sindical, para quien no solo se atentó contra la protesta, sino que se crearon organizaciones paralelas para deslegitimar las demandas sociales.

La Constitución de Montecristi creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuestionado desde su nacimiento por falta de autonomía. Hoy sus consejeros, elegidos por voto popular, también son criticados.

Alarcón dice que este organismo fue una “novelería”, mientras que para Castro, este no cumplió sus funciones porque el “Gobierno se apoderó y concentró en él todos sus poderes”.

La cooptación por parte del poder de los espacios ciudadanos en definitiva lo que hace es desmantelar todas las estructuras sociales, como ocurrió con el correato”. Anunzziatta Valdez, defensora de derechos humanos

 

La expresión de la democracia (para los pueblos indígenas) está en la libertad organizativa, de los derechos colectivos y el reconocimiento constitucional de nuestros derechos”. Lourdes Tibán, líder indígena

 

Estos cambios progresivos van empoderando al ciudadano para que tenga mecanismos para reclamar sus derechos y exigir una mayor participación en la conducción de la cosa pública…”. Iván Castro Patiño, jurista

Constituciones

1979

Reconoce consulta popular para casos específicos.Y la iniciativa popular para reformar la Constitución y reformar y expedir leyes.

1998

Establece deberes de los ciudadanos, entre ellos está la obligación de participación en la vida política, cívica y comunitaria del país.Se regula en forma más amplia la consulta popular para reformar la Constitución y resolver asuntos de trascendencia, así como para presentar proyectos de ley.

2008

Crea una nueva función del Estado: la de Transparencia y Control Social, que en teoría permite que la ciudadanía se organice y fiscalice el poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. Esta función la integran las superintendencias, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana. (I)