En democracia, denuncias por violación de derechos humanos no cesaron en Ecuador

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Quito –

Cuando se tabulaban las respuestas de una pequeña encuesta realizada a inicios de los años ochenta por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) a un centenar de ciudadanos, de distinta posición social, cultural y política, hubo un resultado que llamó la atención de los noveles encuestadores: uno de cada diez no sabía en qué consistían y muchos confundieron el término “derechos humanos” con “recursos humanos”.

Habían pasado un par de años del retorno a la democracia y la conciencia de lo que significaban los derechos apenas tenía cabida.

La sociedad ecuatoriana, envuelta en una profunda crisis económica, estaba entonces más preocupada por sobrevivir en un contexto de desempleo, pobreza y desigualdad; mientras que la clase política se disputaba el poder en el renaciente Estado. Con matices, los desequilibrios –que se agravaron por dos guerras o el feriado bancario y que se expresaron en fenómenos como la migración masiva– no desaparecieron en los años siguientes.

Varios analistas consultados por este Diario sostienen que los periodos de mayor violación de las libertades civiles fueron los de León Febres-Cordero (1984-1988) y Rafael Correa (2007-2018), en los cuales hallan un denominador común, la acumulación de poder.

“Esos fueron los dos momentos más críticos en este periodo de 40 años; durante el primero, la represión bajo el argumento del combate de la amenaza subversiva no solo se ejecutó contra miembros de las organizaciones armadas, sino contra ciudadanos comunes y corrientes. En el segundo, las libertades civiles prácticamente desaparecieron. Se atentó contra las libertades de expresión, de asociación, de reunión, sin el debido proceso ni protección judicial, pese a las normas establecidas de la Constitución”, sostiene Juan Pablo Albán, catedrático especialista en derechos humanos.

A lo largo de las distintas administraciones, las organizaciones sociales denunciaron una serie de atropellos, muchos de los cuales fueron avalados, por ejemplo, por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Elsie Monge, directora de la Cedhu, lamenta la falta de conocimiento sobre este tema, más cuando desde quienes ejercen el poder se incita a la violencia y al desconocimiento de los demás. “Si desde arriba pasa, ¿qué se puede esperar que haga el ciudadano común?”, se pregunta.

Al llegar a las cuatro décadas de la restitución democrática, se registran episodios de reivindicación de demandas colectivas, como el matrimonio igualitario o la expedición de normas que preservan la naturaleza (derechos ambientales); sin embargo, coexiste con violaciones que están lejos de una solución definitiva: desapariciones, abuso de menores, femicidio, explotación laboral, privación injustificada de la libertad, linchamientos…

Solo en el 2018, a la Defensoría del Pueblo ingresaron 16.568 denuncias, de las cuales 7.934 (48%) corresponden a violaciones de derechos humanos, 6.574 (40%) a reclamos de consumidores y 2.060 (12%) a las de usuarios de servicios públicos. Es decir, la institución registró, a nivel nacional, cerca de 45 notificaciones por día.

Si bien los discursos oficiales aseguran un esfuerzo por preservar las garantías, las estadísticas de ingresos en el 2018 fueron el 25% más altas que las del 2017.

Más de la mitad de los afectados, el 54%, corresponden a grupos de atención prioritaria, donde se incluyen mujeres, población LGTBI, indígena y afrodescendiente, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, en situación de movilidad humana, adultos mayores, niños y adolescentes.

El 65,3% de los casos ingresó desde tres provincias: Guayas (42,7%), Manabí (11,6%) y Pichincha (11%), según los datos del Sistema Integrado de Gestión Defensoría, recabados durante el año pasado.

Es preocupante que aún haya discursos desde el machismo, la homofobia, la xenofobia y la violencia con tanta fuerza. No se puede separar a la democracia de los derechos. El desafío es gigante”. 
Francisco Hurtado,abogado DD.HH.

Mientras en las urnas, base de la democracia, se votó contra el extractivismo, el Estado se empeña en lo contrario. Esa es la muestra de que Ecuador queda debiendo en derechos humanos”. 
Benito Bonilla, vocero YASunidos

Si alentamos un discurso violento o sacar provecho de los demás y celebrar el abuso de poder, no vamos a superar los problemas de derechos. Es urgente un cambio cultural”. 
Juan Pablo Albán, catedrático DD.HH.

(D)