Centro de Autonomía Digital costea defensa del sueco Ola Bini

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Requiriendo  información a  la empresa Telconet, alServicio de Rentas Internas (SRI) o la Secretaría Nacional de Aduanas es como continúa Fiscalía construyendo su teoría del caso contra Ola Bini, sueco investigado de atacar la integridad de sistemas informáticos.

Desde el sábado pasado transcurren los 90 días de instrucción fiscal en los que el extranjero de 36 años deberá permanecer con orden de prisión preventiva.

El miércoles el juez del caso dispuso que se oficie al Registro Civil, al Seguro Social, al SRI, al Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otras cuatro instituciones públicas, para que le remitan  información sobre el domicilio y el movimiento migratorio de un ciudadano asiático.

En cambio, el abogado de Bini, Carlos Soria, confirmó que no ha solicitado la realización de diligencias, pues está coordinando qué es lo que necesita de acuerdo a la estrategia de defensa. Sobre lo requerido por Fiscalía, él cree que tiene el objetivo de definir las relaciones comerciales y de trabajo que mantuvo Bini en Ecuador.

Un día después de que el abogado de Bini revelara que para el tema de defensa del sueco en el proceso penal en Ecuador y para el tema de defensa de derechos humanos en el extranjero “existen diferentes financiamientos” nacionales y extranjeros,  el miércoles aseguró que sus honorarios y los de su equipo son pagados por la asociación sin fines de lucro llamada Centro de Autonomía Digital (CAD), del cual el joven sueco sería uno de los miembros fundadores.

El CAD Ecuador se presenta en su  web como organización multicultural, con sede en Quito y organizada formalmente en 2018, que investiga, mejora y crea herramientas y técnicas fáciles de usar que fortalecen la soberanía digital de las personas. Bini aparece como el “technical director/paranoia principal”. una de las seis personas que hacen el equipo CAD.

María Paula Romo, ministra del Interior, dice que Ecuador no ha firmado la Convención de Budapest, convención internacional sobre delitos cibernéticos que permite su persecución internacional, y es uno de los pocos países que no tienen una Ley de Ciberseguridad

“Ecuador no cuenta con todas las herramientas necesarias para hacer el control de estas actividades (delitos informáticos), porque aun si tendríamos la convención y la Ley y no tenemos un cuerpo especializado de vigilancia, entonces muchas de estas actividades ilícitas van a quedar sin sanción. Ecuador (en el anterior gobierno) ha dado una serie de mensajes nacionales e internacionales de permisividad para este tipo de actividades”, aclaró la ministra.