Asambleísta Ana Galarza se queda sin apoyo político

0
5

La bancada de CREO se resignó a que el caso de su legisladora Ana Galarza se defina en el pleno de la Asamblea. El miércoles 30 de enero, ella no estaba en su curul; según sus colegas, no se encontraba bien en su salud y por eso se ausentó de las sesiones.

Homero Castanier, coordinador del bloque de CREO, aseguró que su movimiento respalda a Galarza y aunque a esa hora todavía estaba pendiente la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), sabía que la lucha se desarrollará en el Pleno, donde cada voto es importante para una decisión.

Los siete miembros del CAL abrieron una reunión extraordinaria para conocer el caso. Su convocatoria fue dispuesta en la víspera por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien también pidió un informe de la Procuraduría Jurídica de la Legislatura para definir el camino que tomará el Consejo.

No obstante, ese análisis pasó a segundo plano. Cuatro de los siete integrantes declararon públicamente que la investigación contra la legisladora de CREO deberá ser resuelta por el conjunto de todos los legisladores.

Esa posición fue defendida por la vicepresidenta del Parlamento, Viviana Bonilla; por Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano; por Verónica Arias, del movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE) y por Soledad Buendía, de la bancada de Revolución Ciudadana.

Las cuatro fueron la mayoría y eso finalmente pesó en la decisión del CAL. Al final de la reunión, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, informó que los dos informes de la comisión que investigó a Galarza serán conocidos por el Pleno.

Esta resolución se tomó con base en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece el procedimiento para las sanciones contra los parlamentarios. En ese texto se dispone que los informes de las comisiones pasen directo al Pleno, sin un estudio previo del Consejo de la Legislatura, como se recomendó en el caso de Galarza.

Así ocurrió con los informes en contra de las exasambleístas Sofía Espín (Revolución Ciudadana) y Norma Vallejo (Alianza PAIS), que perdieron sus curules. Por eso, para las cuatro integrantes del CAL no era necesario un debate sino respetar lo que dice el artículo 164.

Cabezas sostuvo que posiblemente el próximo martes 5 de febrero se convoque a los legisladores para conocer los dos informes contra la asambleísta de Tungurahua, quien fue investigada por la comisión multipartidista por gestionar presuntamente cargos públicos, por cobros ilegales a sus asesores y por el mal uso de credenciales de la Asamblea.

Dos integrantes de la comisión, Raúl Tello (Unidos por Pastaza) y Lourdes Cuesta, compañera de partido de Galarza, aprobaron un informe de mayoría y recomendaron solo una sanción administrativa.

Lo hicieron por el mal uso de las credenciales de su asesora Carmen Alvarado, por parte del esposo de la legisladora. Para los dos, eso no justificaba una destitución sino solo una amonestación por escrito, una multa o una suspensión de máximo 30 días.

Según Cabezas, el mal uso de esa credencial determinó la salida de la asesora Alvarado, quien tampoco justificó las actividades que cumplía en territorio. A su despido se sumó su esposo, Omar Mayorga, quien también era asesor de Galarza.

Él mientras cumplía sus funciones como asesor también era presidente del directorio de la Cooperativa de Transporte Pelileo. El segundo informe lo realizó la asambleísta Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana).

Ella sostuvo que sí existen los méritos para destituir a la representante de CREO. Para lograr esta meta se deberá contar con el respaldo de 71 votos de los 137 legisladores. Para conseguir esa cifra hay que apostar a las alianzas, porque con la actual conformación de la Asamblea, ninguna bancada tiene por sí sola 71 votos. Por eso, el cabildeo que haga cada sector será fundamental en el futuro de Galarza.

Fuente: El Telégrafo