Una Monarquía meritocrática

La ruta republicana es una vía muerta”. Así de rotundo fue el socialista Luis Jiménez de Asúa, padre de la Constitución republicana de 1931, en una carta dirigida a Indalecio Prieto en 1948. La frase llama especialmente la atención por haber sido escrita tras el fracaso del Pacto de San Juan de Luz entre monárquicos y socialistas, que alejaba, tal vez para siempre, la posibilidad de una restauración monárquica apoyada por el PSOE. Pero los hechos eran tozudos y parecían indicar que restablecer a la vez la libertad y la república era una empresa fuera del alcance de las limitadas fuerzas de la izquierda. Había que elegir, y colocados en esa tesitura la respuesta de los socialistas no podía ser otra que la que dio Largo Caballero poco antes de morir: “¡Libertad, libertad, libertad! Luego que le ponga cada cual el nombre que quiera”.

La Monarquía constitucional encarnada en su día por Juan Carlos I fue la plasmación de un gran pacto entre la democracia y la Corona que debía servir para hacer viable la una y la otra y poner fin a sus viejas desavenencias. Fue una solución original, una Monarquía a la carta que cada cual podía entender a su manera, poniendo el acento en la continuidad de la dinastía o en la ruptura con los usos más anacrónicos y menos democráticos de la institución. Era continuista y rupturista al mismo tiempo, una verdadera cuadratura del círculo que algún dirigente de la izquierda, en pleno fervor juancarlista, definió como una “república coronada”. Su originalidad no radicaba, naturalmente, en su carácter constitucional, común a todas aquellas monarquías europeas que superaron con éxito el desafío de la modernidad. Lo que le ha permitido adaptarse a los nuevos tiempos ha sido su carácter meritocrático, que obliga a la monarquía a justificar su existencia mediante una legitimidad de ejercicio derivada del papel del rey. En el caso de Juan Carlos I, sus indudables méritos desde la Transición le valieron el reconocimiento de una buena parte de la sociedad española, que se hizo juancarlista sin ser necesariamente monárquica. Fiel a esa misma lógica utilitarista, los deméritos acumulados en los últimos años de su reinado —“lo siento, me he equivocado”— le llevaron a renunciar al trono ante el riesgo de que su creciente impopularidad afectara a la propia institución. Su abdicación reafirmaba aquel principio tácito acuñado en la Transición según el cual la Monarquía tenía que someterse a un plebiscito cotidiano para verificar su utilidad. Como dijo un exministro socialista en los años noventa, “si la Monarquía funciona, ¿para qué cojones vamos a cambiarla?”. El problema era si dejaba de funcionar, o al menos se extendía esa percepción.

Felipe VI heredó en 2014 una institución en horas bajas por los escándalos que salpicaban a una parte de su familia en un momento de grave crisis económica y alta sensibilidad social. La Corona resultaba además especialmente vulnerable al mantra antisistema del “no nos representan” por su precaria legitimidad formal, mayor aún que la de las instituciones electivas, también muy cuestionadas. En esa difícil coyuntura, la actuación del Rey debía cumplir dos condiciones que sobre el papel parecían imposibles de conciliar: por un lado, mantenerse en los estrechos márgenes de cualquier monarquía constitucional despojada de poder efectivo y, por otro, demostrar la utilidad de la institución en un momento de crisis. Hacer y no hacer al mismo tiempo: tal era el dilema con el que el nuevo Rey empezaba su reinado hace casi cuatro años.

El problema de una Monarquía meritocrática sin posibilidad de hacer méritos que justificaran su existencia se resolvió de entrada mediante una prudente política de control de daños: imagen de austeridad, alejamiento de su hermana, discreta exposición al problema catalán. Pero era inevitable la comparación entre Felipe VI y su padre, artífice de una concepción muy personal de la Corona llamada a sobrevivirle en el trono. Para bien o para mal, los españoles se habían acostumbrado al juancarlismo, que los más puristas veían como un sucedáneo del verdadero espíritu monárquico, y con esa vara de medir juzgarían el nuevo reinado. Por eso, cuando estalló la crisis catalana muchos pensaron que ese sería el 23-F de Felipe VI. ¿Estaría a la altura?

Cualquiera que sea la opinión que nos merezca su mensaje del 3 de octubre, es innegable que el Rey demostró el coraje necesario para jugársela en un momento crítico asumiendo grandes riesgos, como hizo su padre en la noche del 23-F. El mensaje lanzado aquel día por Felipe VI, junto a la fuga masiva de empresas, fue capaz de reconducir una crisis fuera de control y mostrar la determinación de los poderes del Estado para defender el orden constitucional frente al ciego voluntarismo del procés. La crisis está lejos de haberse superado, pero, tal como ocurrió con el 23-F, la impresión es que la imagen del Rey salió claramente reforzada de aquella dura prueba y que, a los ojos de muchos españoles, aquella noche la Monarquía demostró servir para algo. Puede que su papel ante el desafío independentista le haya servido también para acortar distancias respecto a las nuevas generaciones, mucho más escépticas sobre la utilidad de la institución.

Este es el otro gran frente que tiene ante sí Felipe VI, y en este caso hay que decir que se encuentra en clara desventaja respecto a su padre, cuya meritoria actuación se vio favorecida por el respaldo de una generación de políticos de toda condición identificados con el sentido conciliador y democratizador de su reinado. Por el contrario, el rey Felipe VI, que hoy cumple 50 años, se encuentra en una especie de tierra de nadie generacional entre el presidente del Gobierno, 12 años mayor que él, y los principales líderes de la oposición: Albert Rivera (38), Pedro Sánchez (45) y Pablo Iglesias (39). El problema es aún más grave si tenemos en cuenta la brecha cultural con las generaciones más jóvenes, que apenas han conocido otra cosa que la crisis social y económica de los últimos años. Su desafección a las instituciones tiene mucho que ver con el hundimiento de sus expectativas y con el deterioro de una democracia anquilosada que requiere una urgente puesta a punto. Decía Tocqueville que en las naciones democráticas cada generación es un nuevo pueblo que debe merecer la atención del legislador. Si la crisis catalana es el 23-F de Felipe VI, acercar la Monarquía a las nuevas generaciones y evitar que quede como “una vía muerta”, como lo era la República, según Jiménez de Asúa, en 1948, será la transición que marque al final el éxito o el fracaso de su reinado.

Juan Francisco Fuentes es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y coautor del libro Rey de la democracia (Galaxia Gutenberg).